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| Jorge Alonso Guerra Macías |
Los
temas que el abogado Jorge Alonso Guerra Macías comenta en las reuniones con
sus amigos de café se reflejan en la columna Todoterreno que los viernes publica Milenio Diario. La que les ofrecemos es la más
reciente y se refiere a las violaciones a derechos humanos en que incurre el Ayuntamiento
de Torreón al aplicar multas sobre quienes no
atienden disposiciones administrativas.
Las faltas administrativas no son
delitos. El artículo 21 Constitucional establece que “si el infractor de los
reglamentos gubernativos (ACTUAL REGLAMENTO DE MOVILIDAD URBANA) y de policía
fuere jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor
del importe de su jornal o salario de un día”.
El nuevo reglamento de movilidad urbana
que recientemente acaba de entrar en vigor, viola flagrantemente nuestra Carta
Magna al estar aplicando cuantiosas multas (hasta de 120 salarios mínimos) a
las personas que cometan alguna falta administrativa prohibida en dicho
reglamento. El artículo 146 del reglamento contempla un recurso de
inconformidad, “estableciendo un período de 5 días hábiles para demostrar su
calidad de jornaleros, obreros, jubilados o pensionados, ante el titular de la
Tesorería Municipal”. Es decir, primero pagas la multa y después te inconformas
ante Tesorería. Dicho trámite se lleva entre dos a tres semanas o más, mismo
que se realiza en horas hábiles, tiempo que el quejoso está laborando y
solicitar permiso, le representa días sin trabajar. La valoración de la multa,
y la condición de obrero, jornalero o trabajador, le corresponde al juez calificador,
el cual debe tener la capacidad para determinar la situación económica del
infractor. Aunado a que el artículo 1º Constitucional OBLIGA a las autoridades
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Pero tal parece que en Tribunales de
Justicia Municipal de Torreón sucede todo lo contrario, pues “laboran” jueces
calificadores como López Fierro, que lejos de velar por los derechos humanos
los ignora, lesionando gravemente a obreros y jornaleros (personas con las que más
se ensañan) imponiendo excesivas multas, aunado a no aplicarlas en la
inmediatez, haciendo esperar largas horas a los detenidos, argumentando que
está comiendo, no obstante tener minutos de haber entrado en turno. Por esta
razón y muchas anomalías más en Tribunales Municipales, la Comisión de Derechos
Humanos debería designar mínimo los fines de semana, personal que velen por los
derechos sustantivos de los detenidos, y que se apliquen multas conforme a la
Constitución y no con ánimo recaudatorio que prevalece actualmente.
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