A mi juicio RENÉ DELGADO es uno de los columnistas mejor informados del país por lo que varios medios muy importantes le abren semanalmente sus páginas, es el caso de EL UNIVERSAL y EL SIGLO DE TORREÓN, en su entrega del pasado 02 de enero del 2011 comenta de la encrucijada en que se encuentra el presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA acerca de apretar o aflojar el combate al crimen.
Apretar o aflojar el combate al crimen, pero no seguir dándole vueltas sin sentido al asunto. Ésa es la decisión presidencial en ciernes, y su implementación, aplicación y conclusión tiene por plazo nueve escasos meses ya que, aun cuando desde ahora está desatado, en octubre arranca oficialmente el juego sucesorio. Lo que es menester dejar de hacer es andar de puntas entre los cadáveres, creyendo que ese camino conduce al paraíso del Estado de Derecho.
La decisión es grave. Apretar el ritmo en el combate al crimen obliga a constreñir aún más las libertades y plantear la suspensión de garantías en más de una región, requiere intensificar la ofensiva con el consecuente recrudecimiento de la violencia; y exige probablemente asumir el costo de un mayor derramamiento de sangre.
Aflojar ese ritmo no es, aunque lo parezca, más sencillo. Implica diseñar un repliegue a partir de negociaciones con éste o aquel otro cártel criminal para cerrar algunos de los frentes y, así, asegurar en lo posible la próxima elección presidencial.
Apretar o aflojar supone varias condiciones. Pulcritud y honestidad en la conducta presidencial, tanto ante el proceso electoral como frente al combate al crimen; definición clara de las acciones a emprender, haciendo a un lado mitos insostenibles; entereza para ir sin miramientos ni sesgamientos sobre las figuras públicas y privadas, criminales o no, que vulneran el Estado de Derecho; espíritu de sacrificio para digerir la ingratitud y la crítica que una u otra decisión va acarrear al Ejecutivo; además, humildad para asumir las consecuencias.
Si no se aprieta o afloja ese combate ni se garantiza la elección presidencial, el efecto de la indecisión podría ser devastador.
En estos primeros días del año, el jefe del Ejecutivo debe ponderar la información necesaria, real y cierta, para determinar con prontitud qué hacer con la campaña militar-policial emprendida contra el crimen.
Esa ofensiva partió de un mal diagnóstico, animada por la urgencia de legitimarse en el poder y el consejo infundado de que se contaba con la fuerza, la inteligencia, el profesionalismo y la capacidad de fuego necesarios para someter a la delincuencia. El resultado está a la vista. En términos de propaganda, se enfocó mal la comunicación; en términos de respaldo social, el apoyo se fue diluyendo en razón de la expansión y diversificación de la violencia; en términos de inteligencia y capacidad de la fuerza armada, se advierte un agotamiento.
Mal hecho el diagnóstico, la estrategia resultó igual y ahora urge reconsiderar con toda objetividad y seriedad el estado de esa guerra para tomar una decisión, a partir del hecho ineludible: la temperatura política ascenderá de más en más, conforme se acerque la elección presidencial, y la contaminación de ese concurso, por parte del crimen, resultaría fatal.
Creer que el concurso electoral y la actividad criminal corren por carriles distintos sin comunicación posible es una ilusión. Dejarlo a la suerte no sería un riesgo, sería un peligro.
Si la decisión presidencial es apretar la intensificación del combate, esa campaña no puede ir más allá de agosto.
El primero de octubre arranca formalmente la elección federal y, entonces, el Informe de Gobierno, el primero de septiembre, está señalado para que el mandatario rinda cuentas del resultado y la conclusión de esa campaña. Ese informe tendría que reportar el fin de la ofensiva y la satisfacción de los requisitos para que partidos, candidatos y ciudadanos ejerzan en libertad y seguridad su derecho a ser votados y a votar.
Se dice fácil, pero apretar el combate es una decisión difícil. Exige garantizarle al Ejército y la Armada las condiciones necesarias para actuar con mucha mayor determinación. Dicho sin ambages, probablemente significará suspender garantías individuales en distintas regiones del país y desarrollar una intensa, clara y sólida política de comunicación para explicar por qué la necesidad de restringir derechos y libertades de la ciudadanía.
Esa cruzada dejaría altísimos costos políticos y sociales en el plano inmediato, y sólo tendría sentido si, a partir del análisis de la información y de la condición de la fuerza armada, se tuviera la certeza del resultado, que no podría ser otro sino el de asegurar el proceso electoral.
Si la decisión es aflojar, es preciso hacer a un lado el mito de que el Estado no pacta con criminales.
La realidad histórica y reciente demuestra lo contrario: el Estado sí pacta con criminales, esa práctica data de hace siglos y parte del establecimiento de reglas de juego, escritas y no escritas, entre autoridad y crimen. No se trata desde luego de armar una mesa de diálogo expreso y suscrito con los malhechores en el Auditorio Nacional, pero tampoco de chuparse el dedo ante una realidad ineludible.
Pacto con los criminales fue el repliegue del gobierno ante los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos, para dar margen a la negociación del rescate. Pacto con los criminales fue el que la autoridad federal recibiera de manos de un cártel a los presuntos autores del granadazo en Morelia. Pacto con los criminales es la aprehensión de un capo o lugarteniente, a partir de la información proporcionada -desde luego, interesadamente- por un cártel adversario.
Se consignan esos ejemplos no para denunciar una contradicción o algo indebido, sino para salir del mito político que, a la postre, derrumba la real-politik. ¿No acaso, en Colombia, Pablo Escobar pactó con César Gaviria la no-extradición, así como su entrega y reclusión en Envigado? Se negoció, sin sentarse a la mesa.
Conviene, pues, llamar las cosas por su nombre y, de decidirse aflojar el combate, determinar con qué cártel se puede y con cuál no pactar el atemperamiento de la violencia y el repliegue de la fuerza oficial, para abrir espacio con seguridad al proceso electoral sin tener todos los frentes abiertos.
La cuestión es apretar o aflojar el combate al crimen, pero no darle más vueltas sin sentido al asunto.
Ésa es la decisión presidencial que urge tomar con información, certeza y determinación, antes de que el combate al crimen contamine la próxima elección presidencial y a la vulneración del Estado de Derecho siga el debilitamiento de la democracia.
Dejar a la inercia el curso de la guerra teniendo enfrente la elección presidencial sería peor que una u otra decisión. En cualquier caso, habrá que cargar a los muertos.
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