En numerosas ocasiones se ha dicho que la corrupción está en la naturaleza de los mexicanos y que se potencializó para mal con la amalgama de las sangres índigena y española, por lo que es un problema nacional desde antes de la conquista y que se padecía en igual medida en las distintas culturas que poblaban el territorio de lo que en un tiempo fue la Nueva España. Sobre ese problema nos habla Gerardo HERNÁNDEZ GONZÁLEZ en su columna Capitolio que se publica en varios medios de Coahuila.
El fenómeno es antiguo y sus
raíces demasiado profundas y extendidas
raíces demasiado profundas y extendidas
Una de las banderas históricas del PAN fue la denuncia de la corrupción en los gobiernos del PRI. Sin embargo, en diez años de ejercicio del poder, poco o nada ha hecho para combatirla; menos para castigarla con ejemplaridad. El contralor del foxismo y actual embajador en Canadá, Francisco Barrio, anunció a bombo y platillo una captura abundante de peces gordos y al único que persiguió fue a Rogelio Montemayor, por el “Pemexgate”, pero cuando se trató de los hermanos Bribiesca Sahagún o de otros casos de negocios a la sombra de Los Pinos, ni un dedo movió.
Una de las omisiones que al Partido Acción Nacional más se le reprochan es justamente no haber atacado desde su raíz el uso del poder y del presupuesto —otra expresión del poder, acaso la más persuasiva— para beneficiar a grupos, oligopolios y particulares. Por el contrario, la alternancia también generó privilegios para otros sectores y familias, sin que los anteriores hayan perdido los que se adjudicaron tiempo atrás. Incluso existen intentos para opacar la transparencia.
No es casual, entonces, que México haya obtenido la peor calificación de una década en el Índice de Percepción de Corrupción 2010, elaborado por Transparencia Internacional. Nuestro país ocupaba el año pasado el lugar 89 de la lista y tenía una puntuación de entre 3.2 y 3.5 en una escala de diez. Doce meses después ostenta la posición 98 empatado con Egipto y Burkina Faso.
En la evaluación global de este año, Transparencia nos asignó 3.1. La calificación resulta de entrevistas a inversores, analistas de mercado y otros agentes del sector privado. TI les pregunta cuál es su percepción de corrupción sobre los gobiernos. Chile, situado en el lugar 21, fue el país de América Latina mejor situado en el índice. Le siguen Uruguay (24), Puerto Rico (33) y Costa Rica (41).
La situación de México preocupa tanto a la iniciativa privada como a los organismos encargados de fomentar la transparencia. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dice que la calificación es decepcionante y advierte que un entorno de corrupción inhibe la competitividad y tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico y el bienestar de la población. Por su parte, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, María Marván, considera “vergonzoso” el lugar en el ranking de Transparencia Internacional.
Antonio Garrigues, fundador e integrante del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional de España, advierte que la corrupción en México es un problema “tan importante y negativo” como el narcotráfico, pues “debilita el sistema social de una manera brutal” y limita la producción de riqueza.
Sin embargo, suponer que las únicas fuentes de corrupción se localizan en los gobiernos —federal, estatal y municipal—, aunque sean estas las mayores y más visibles, es caer de nuevo en la simplicidad y el autoengaño. El fenómeno es antiguo y sus raíces demasiado profundas y extendidas. Para atacarlo es preciso que la sociedad, en todos los estratos, cambie de actitud y leyes que castiguen lo mismo al funcionario deshonesto que al empresario ladrón; y de ahí para abajo.
Una de las omisiones que al Partido Acción Nacional más se le reprochan es justamente no haber atacado desde su raíz el uso del poder y del presupuesto —otra expresión del poder, acaso la más persuasiva— para beneficiar a grupos, oligopolios y particulares. Por el contrario, la alternancia también generó privilegios para otros sectores y familias, sin que los anteriores hayan perdido los que se adjudicaron tiempo atrás. Incluso existen intentos para opacar la transparencia.
No es casual, entonces, que México haya obtenido la peor calificación de una década en el Índice de Percepción de Corrupción 2010, elaborado por Transparencia Internacional. Nuestro país ocupaba el año pasado el lugar 89 de la lista y tenía una puntuación de entre 3.2 y 3.5 en una escala de diez. Doce meses después ostenta la posición 98 empatado con Egipto y Burkina Faso.
En la evaluación global de este año, Transparencia nos asignó 3.1. La calificación resulta de entrevistas a inversores, analistas de mercado y otros agentes del sector privado. TI les pregunta cuál es su percepción de corrupción sobre los gobiernos. Chile, situado en el lugar 21, fue el país de América Latina mejor situado en el índice. Le siguen Uruguay (24), Puerto Rico (33) y Costa Rica (41).
La situación de México preocupa tanto a la iniciativa privada como a los organismos encargados de fomentar la transparencia. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dice que la calificación es decepcionante y advierte que un entorno de corrupción inhibe la competitividad y tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico y el bienestar de la población. Por su parte, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, María Marván, considera “vergonzoso” el lugar en el ranking de Transparencia Internacional.
Antonio Garrigues, fundador e integrante del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional de España, advierte que la corrupción en México es un problema “tan importante y negativo” como el narcotráfico, pues “debilita el sistema social de una manera brutal” y limita la producción de riqueza.
Sin embargo, suponer que las únicas fuentes de corrupción se localizan en los gobiernos —federal, estatal y municipal—, aunque sean estas las mayores y más visibles, es caer de nuevo en la simplicidad y el autoengaño. El fenómeno es antiguo y sus raíces demasiado profundas y extendidas. Para atacarlo es preciso que la sociedad, en todos los estratos, cambie de actitud y leyes que castiguen lo mismo al funcionario deshonesto que al empresario ladrón; y de ahí para abajo.
