Las renuncias si existen

Los cargos de elección si son renunciables, asegura Carlos Alfredo Sepúlveda Valle Director General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de Jalisco e incluso se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue el ex presidente Luís Echeverría Álvarez quien en los años 70 dio pie a que esos cargos se consideren irrenunciables con una demagógica y equivocada declaración. La tesis de Sepúlveda Valle se publicó en Milenio Diario el pasado 01/11/2014 en la sección Al Derecho. 

La creencia de que los cargos de elección son irrenunciables me parece que tuvo su origen en una demagógica y equivocada declaración que en los años setenta hizo el presidente Echeverría,

Con motivo de la situación que se presentó en el estado de Guerrero en días pasados, respecto si el gobernador debía renunciar o no, muchos actores políticos y personas de los medios afirmaron, erróneamente, que no podía renunciar “porque en México están prohibidas las renuncias de funcionarios electos”. En México las renuncias están expresamente previstas y reguladas en la Constitución federal, en las constituciones locales y en diversas leyes.

En la misma Constitución del estado de Guerrero, en el artículo 80 se prevé que el Gobernador puede renunciar por causa grave calificada por las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del Estado y en el artículo 70-V se faculta a la Comisión Permanente para conceder o negar solicitudes de licencia o renuncia.

La creencia de que los cargos de elección son irrenunciables me parece que tuvo su origen en una demagógica y equivocada declaración que en los años setenta hizo el presidente Echeverría en el sentido que los cargos de elección popular son irrenunciables.

Jurídicamente todo funcionario producto de elecciones tiene el derecho de renunciar, otra cosa es que existan pocos casos de renuncias y que muchas de las que deberían ser renuncias se disfracen bajo el eufemismo de “solicitud de licencia para separarse del cargo”, figura que es útil en los casos de separaciones temporales pero que no debería utilizarse en el caso de faltas definitivas.

Las constituciones de 1857 (artículo 82) y de 1917 (artículo 86) dispusieron: “El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.

En solo dos años, de mayo del 2011 a febrero del 2013, tres presidentes de México renunciaron ante el Congreso. El 25 de mayo del 1911, Porfirio Díaz dirigió un histórico escrito a la Cámara de Diputados en el que expresó: “El Pueblo mexicano… se ha insurreccionado manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, es causa de su insurrección… En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional…”

Como consecuencia de esta renuncia Francisco I. Madero fue electo presidente de México, pero menos de dos años después, estando preso fue obligado a renunciar, la Cámara de Diputados  aceptó esta renuncia (aprobada por 123 diputados, solo siete votaron en contra) y la de su sucesor durante 45 minutos Pedro J. Lascurain la misma noche  del 19 de febrero de 1913, los propios diputados tomaron protesta a Victoriano Huerta, quien siendo presidente huyó del país en agosto del 2014. 

Pascual Ortiz Rubio fue el último presidente de la República que renunció, lo hizo el 4 de septiembre de 1932, desde entonces (en 82 años) ninguno de los quince presidentes en ejercicio ha muerto, renunciado, pedido licencia, enfermado, enloquecido, derrocado, destituido, reelecto o ha abandonado el cargo, esta hazaña es caso único en la historia de la humanidad.

Por lo que hace a las renuncias de los gobernadores, el artículo 122 de la Constitución dispone que en caso de falta absoluta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por renuncia o cualquier causa, corresponde a la Asamblea Legislativa designar a un sustituto que termine el encargo, y que la renuncia del Jefe de Gobierno sólo podrá aceptarse por causas graves.

El artículo 41 de la Constitución de Jalisco establece: “Son hechos que implican la falta absoluta del Gobernador del Estado… IV. La renuncia expresa por causa grave que será calificada por el Congreso del Estado”.

De igual manera, en las constituciones y leyes de Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Colima, Estado de México y las demás entidades se permite que los gobernadores, diputados y munícipes pueden renunciar “por causas graves” que calificarán los respectivos congresos, así como la atribución de estos órganos para “aceptar las renuncias del Gobernador, Diputados y  miembros de los ayuntamientos cuando exista causa justificada”.

En México todos los cargos son renunciables, incluidos los de elección popular.

csepulveda108@gmail.com

La "renuncia"

Yuriria Sierra es según su perfil de twitter: Conductora de Cadena Tres Noticias, de Imagen Informativa y Reporte 98.5. Columnista de Excélsior. Amante de los libros. Profunda creyente de la risa... En una de sus más recientes colaboraciones para Excélsior se pregunta quién y con qué propósito demanda la renuncia a la presidencia de Enrique Peña Nieto antes del 1 de diciembre del 2014, justo cuando se cumplen dos años de la administración federal… De darse la renuncia del presidente en estos momentos sería obligada la convocatoria a nuevas elecciones, pero si ocurre después del dos de diciembre, la sustitución del mandatario se haría por designación… Esto, lejos de resolver la crisis que vive el país la haría más profunda, por lo que con Yuriria concluyo: “Yo no quiero que renuncie Peña Nieto: yo quiero que Peña Nieto se sienta obligado a construir, de una vez por todas, un verdadero Estado de derecho”.

 

Enrique Peña Nieto

Primero la renuncia de Abarca. Solicitó licencia y se fugó. Más tarde lo atraparon y ya está preso en El Altiplano. Nada cambió. Después la renuncia de Aguirre. No quería, no quería. Pidió licencia. Se fue. Quién sabe dónde ande. Nada cambió. Y luego, la diana cazadora del dolor y la indignación ciudadana apuntaron al único blanco que quedaba a la vista: el Presidente de la República. Y no para pedir castigo a los muy claros responsables del artero crimen de Iguala (asunto que sí le corresponde al Poder Ejecutivo) sino para pedir su renuncia. Ajá, así. En una completa confusión ya no semántica, más bien ontológica, un sector de la población decidió que la “renuncia” de EPN traería de vuelta a los 43 normalistas, los resucitaría, traería de vuelta la paz a Guerrero, terminaría con la presencia del narco en ése y otros tantos estados, y de paso encontrarían a todos los desaparecidos que desde hace década y media han lastimado a miles de familias mexicanas. ¿Que el cargo de Presidente es irrenunciable? No importa, que renuncie, claman (y qué importa que la ley, tampoco en este caso sea observada). ¿Que Peña no tuvo ni vela en la atrocidad cometida en Iguala? No importa: que renuncie, claman (y qué importa que los culpables, intelectuales y materiales ya estén presos). ¿Que lo que sí está probado es que el protegido de AMLO, Lázaro Mazón, era el protector de Abarca? No importa: que renuncie, claman y con más estruendo (que renuncie, que renuncie, que renuncie Peña Nieto, para que nadie toque a su rayito). Y así, se ha construido en este poco más de un mes, una consigna social que, además, se ha convertido en caldo de cultivo para quienes sí tendrían un interés muy específico en que el actual Presidente abortara su proyecto de gobierno. Y para quienes conocen la ley, han intentado llevar al límite (y a contrarreloj) la que consideran su ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque tenían un mes. Y hoy, sólo les quedan ocho días…

El próximo lunes es 1 de diciembre se cumplen los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto. Para algunos (evidentemente, una minoría) de los que han solicitado su dimisión tras los hechos en Ayotzinapa, conocedores del tablero legal, este mes podía ser una oportunidad de oro si la exigencia y la crisis se llevaban al límite. Me explico: según lo que establece la Constitución, en caso de “falta absoluta del Presidente de la República”, como ahí se escribe, si ésta se da en los dos primeros años de mandato (sólo y sólo dentro de los primeros dos años) ocurriría lo siguiente:

Andrés Manuel
López Obrador

Se nombraría a un Presidente interino, mismo que se elegiría en el Congreso de la Unión (erigido en Colegio Electoral) dentro de los 60 días que le seguirían a la “ausencia”. Mientras eso ocurre, el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) asumiría el Poder Ejecutivo aunque de forma limitada, pues no podría hacer cambios dentro del gabinete ni al titular de la PGR sin antes contar con la aprobación de los senadores. Una vez electo por el Congreso, el Presidente interino debe convocar a nuevas elecciones que deberían realizarse en un plazo de entre siete y nueve meses. El nuevo Presidente electo asumiría el cargo siete días después de la elección.

Tomando esto en cuenta, aquellos que piden con fervor su renuncia (a su cargo irrenunciable) tienen menos de una semana para que Peña Nieto viole la ley —por renunciar a su mandato—, si lo que desean es una nueva elección. Aunque habría que pensar también, cuáles serían las posibilidades de candidatos en la elección convocada. El PRI en crisis. El PRD en llamas. Y el PAN totalmente desdibujado. ¿Quién podría? ¿Quién? ¡Ah, claro! López Obrador ya tiene su propio partido.

¿Y si no pasa antes del próximo lunes? En los artículos 84, 85 y 86 de la Constitución se habla del procedimiento que deberá darse en caso de que la “ausencia” llegara en los últimos cuatro años de mandato. Es decir, a partir del 2 de diciembre próximo: todo se hace igual, excepto la nueva elección. El presidente interino nombrado por el Congreso deberá terminar el sexenio al frente del Ejecutivo. Y el Congreso, querido lector, querida lectora, tiene mayoría priista. Saque cuentas, imagine nombres (¿a quién elegirían como interino?). Exigir justicia, exigir combate a la impunidad, exigir fin a las arbitrariedades, no sólo son causas legítimas: es una demanda necesaria, urgente diría yo, en nuestro país, históricamente lastimado por su ausencia. Pero exigir la “renuncia de EPN” es un completo despropósito (para todos los mexicanos que ni enterados están de los términos en los que está redactada nuestra Constitución) por no decir un insospechado favor o una chamba a ciegas a quien sí (o a quienes sí) podrían beneficiarse de tan caótico escenario.

Eso sin mencionar todas las consecuencias que una dimisión tal podría traer consigo: y ahí es cuando no deberíamos olvidar nuestro pasado de crisis económicas. Sólo la última nos costó la huida de capitales al extranjero, la inexistencia de nuevas inversiones, un Fobaproa, muchos suicidios, y tres años para empezar a hablar de “recuperación”. A la crisis política y social se le sumaría una económica, que a su vez se agregaría a esas consecuencias de terremotos económicos anteriores que continuamos arrastrando. Y ahí, sí, no llorarían nomás en la casa de Enrique Peña Nieto: lloraríamos en todas las casas mexicanas por una de las peores decisiones que jamás hubiera tomado alguien.

Los problemas no se acaban con la salida de uno y la llegada de otro (quien sea). ¿O acaso creemos en las varitas mágicas? Más que relevos (esos los votamos cada seis años), lo que necesita México son profundas modificaciones, nuevas estrategias, reglas y condiciones para un país que en esta crisis tiene, paradójicamente, la más grande de las oportunidades para corregir camino en el único terreno en donde todos han resultado casi omisos. Yo no quiero que renuncie Peña Nieto: yo quiero que Peña Nieto se sienta obligado a construir, de una vez por todas, un verdadero Estado de derecho.