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| Juan Elizalde Lara |
La Organización de las Naciones Unidas considera a México
como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, lo que se confirma
con el reporte de Artículo 19 dado
a conocer el pasado 18 de marzo en el que se informa que de 330 casos
documentados durante 2013 al menos 66 fueron cometidos por funcionarios de los
distintos niveles de gobierno y que esas agresiones se concentraron en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. El trabajo de Juan Elizalde Lara se basó en el mencionado reporte de la
organización defensora de los derechos humanos por lo que si quiere consultar
de manera directa las fuentes puede hacerlo en los enlaces que se insertan al
final de la entrada.
Administraciones
públicas como la de Coahuila donde la práctica diaria es la opacidad propician
agresiones a los medios y sus trabajadores, esa tensión la generan los propios
gobiernos cuando con declaraciones como la de Rubén Moreira, culpan a los
medios de la percepción de inseguridad.
Lo
anterior es tan cierto como que 66 de las 330 agresiones contra periodistas
ocurridas durante 2013 se perpetraron en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo
León; y seis de cada diez las cometieron funcionarios de distintos niveles.
La
situación de la prensa en México es tan grave, que la Organización de las
Naciones Unidas considera a nuestro país como el más peligroso para el
ejercicio del periodismo, ya que el año anterior ocurrieron más de 80 muertes
de periodistas.
En
2013 las agresiones a periodistas tuvieron un incremento del 59% respecto del
2012, de los 330 casos documentados por la organización Artículo 19 el 60% fueron perpetrados por funcionarios de
distintos niveles de gobierno.
El
problema de la violencia contra la prensa se concentra en los estados de
Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz aunque en 2012 se agudizó en otras
siete entidades: Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán,
Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas.
Los
casos documentados incluyen amenazas, actos de intimidación, detenciones
arbitrarias, secuestros y los asesinatos de cuatro periodistas: Jaime González,
Daniel Alejandro Martínez, Mario Chávez Jorge y Alberto López Bello.
Policías
estatales y municipales fueron los autores materiales de 87 ataques. Otros 24
periodistas fueron detenidos ilegalmente por la policía mientras se preparaban
a realizar su trabajo.
De
los cuatro asesinatos de periodistas documentados, la comisión de tres se
atribuyó a la delincuencia organizada y en uno no se identificó al o los
responsables.
El
aumento de las agresiones contra periodistas en el Distrito Federal lo
relacionó Artículo 19 con la respuesta de las autoridades de la capital a las
manifestaciones que se realizaron a lo largo del año, principalmente las de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Las
marchas degeneraron en enfrentamientos
entre policías y manifestantes en las que se atestiguaron detenciones de
reporteros que realizaban la cobertura de las protestas en la calle.
En
Coahuila se reporta la desaparición forzada de periodistas así como ataques a
medios de comunicación entre otros Noticias de El Sol de la Laguna, Multimedios
y El Siglo de Torreón, que han sufrido además el secuestro temporal de sus
reporteros, delitos cometidos por presuntos miembros de la delincuencia
organizada.
176 Recomendaciones
Contra México
La
difusión del reporte de Artículo 19 se dio mientras México prepara su respuesta
a las recomendaciones emitidas en 2013 por la Organización de las Naciones
Unidas en materia de derechos humanos, luego de que nuestro país fuera sometido
al Examen Periódico Universal.
Son
176 recomendaciones en total y México debe responder cuáles aceptará y cuáles no.
El
problema fundamental en México es que nuestro país carece todavía de mecanismos
legales para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos.
En
cada ocasión que ocurre una nueva agresión a comunicadores la respuesta del
gobierno es que se actuará hasta sus últimas consecuencias para castigar a los
responsables, dedicación que se mantiene mientras el asunto está caliente,
cuando el caso se enfría cesa la dedicación de las autoridades.
La
situación de violencia que enfrentan los medios de comunicación afecta la
libertad de expresión y el derecho a la información, ya que los reporteros
optan por limitar su trabajo y evitar las represalias.
“En
ninguno de los casos documentados (durante 2013) los comunicadores pudieron
retomar su actividad periodística al 100%. El miedo a sufrir nuevas agresiones
sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En
ocasiones dejan de cubrir sucesos policíacos, se autocensuran o directamente
cierran los medios”.
En
un intento por evitar represalias de la delincuencia contra los medios de
Torreón y La Laguna, se ha optado por ocultar la identidad de los responsables
de la nota roja y en ocasiones se dejan de mencionar asuntos que podrían ser
causa de desapariciones, muertes y amenazas.
Hace
unos días Artículo 19 reporto el allanamiento de la casa de Darío Ramírez, su
director para México y Centroamérica, aunque no confirmó ni descartó que se
tratara de una agresión por el trabajo de defensa de los derechos humanos.
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