Luís Rubio |
Para Luís Rubio el
fenómeno de la indignación social que se vive en México y que tiene su mayor escenario en las
redes sociales y en internet no es libre pues se trata de la consecuencia de una estrategia concertada. Señala el
editorialista de El Norte de
Monterrey y El Siglo de Torreón que todo mundo tiene absoluto derecho a expresarse libremente, “
…Pero una definición tan amplia de la libertad no es igualmente libre, valga la
redundancia, cuando las redes sociales se utilizan como estrategia concertada,
como un instrumento de ataque, difamación y odio ilimitado. No propongo límite
alguno a la libertad, pero tampoco es posible pretender que una acción
concertada es producto de decisiones libres de individuos actuando por sí
mismos.”, coincido totalmente con el razonamiento de Rubio principalmente en lo que se refiere a
la intención de usar internet como un instrumento de ataque, difamación y odio ilimitado
que a nadie beneficia, traerá en cambio numerosos perjuicios a la vida
institucional del país.
¿Cómo se ha desarrollado el fenómeno de
indignación social en los últimos meses?
La denuncia de supuestos actos de
corrupción se ha convertido en un deporte nacional. No hay día en que las redes
sociales dejen pasar fotografías de un funcionario subiéndose a un helicóptero
gubernamental o que la esposa de un político sea fotografiada entrando a una
tienda en Los Ángeles. El fenómeno atraviesa el espectro político, pero la
mirada está fijamente puesta en el gobierno federal. Las fallas de la izquierda
aparecen como menores en la lógica de los denunciantes. ¿Se trata de un exceso
o meramente de un acto patriótico y, por lo tanto, democrático?
¿Qué rol juega el concepto de libertad
ante estas circunstancias?
Establezco mi perspectiva de entrada:
por un lado, todo mundo tiene absoluto derecho a expresarse libremente: la
libertad está por encima de cualquier discusión. Por otro lado, es evidente que
en el país existe una enorme propensión al abuso, la corrupción y el exceso. La
libertad es un instrumento extraordinario en manos de una ciudadanía
comprometida para exhibir y combatir el abuso, el exceso y la corrupción y
nadie puede objetar ese principio fundamental.
Angélica Rivera |
Pero una definición tan amplia de la
libertad no es igualmente libre, valga la redundancia, cuando las redes
sociales se utilizan como estrategia concertada, como un instrumento de ataque,
difamación y odio ilimitado. No propongo límite alguno a la libertad, pero
tampoco es posible pretender que una acción concertada es producto de
decisiones libres de individuos actuando por sí mismos.
¿Cuándo es susceptible a la crítica la
vida privada?
¿Tiene derecho una persona –funcionario
o familiar- a ir de compras a donde le venga en gana? ¿Ese hecho constituye,
por sí mismo, un acto de corrupción? Desde luego, no es lo mismo el uso de
medios o activos propiedad del gobierno para fines personales o privados, que
la libertad de cada individuo de hacer lo que le plazca con su patrimonio y su
vida. Si la esposa del presidente quiere ir de compras con su propio dinero,
¿desde cuándo es ese un asunto que nos concierna al resto de los mexicanos?
En el pervertido circo
político-mediático que vivimos se han amalgamado dos asuntos que no son
iguales: en primer lugar se encuentra la libertad de cada persona, desde el
presidente y su familia y allegados -funcionarios o no-, hasta el más modesto
de los mexicanos, a hacer lo que sea su preferencia con su vida y dinero.
Pretender que unos cuantos opinadores o “twiteros” tienen el monopolio de la
verdad y el derecho a decidir, sin responsabilidad alguna, qué es legítimo y
qué no, no es solo arbitrario sino potencialmente letal. Ninguna sociedad puede
sobrevivir si no se respeta la vida privada de sus gobernantes.
¿Cómo conciliar ese respeto a la vida
privada con el combate a la corrupción?
Lo anterior no implica que sea
igualmente legítimo el uso de recursos públicos para fines personales. En los
casos en que la ley sanciona un determinado comportamiento, ésta debe aplicase
sin miramiento, pues la alternativa sería aceptar y reconocer un rasero
distinto para los políticos respecto a los comunes mortales. Pero, de igual
manera, donde la ley no tipifica una situación de potencial corrupción o cuando
se trata de un caso de la vida privada de un funcionario o su familia, no es
suficiente la pretensión, por sí misma, de que se trata de un delito: eso lo
debe decidir un juez. En las últimas semanas y meses se han confundido los dos
asuntos a un grado tal que se amenaza la viabilidad política del país como
sociedad organizada.
Las denuncias e indignación continúan
creciendo y subiendo de tono, ¿qué es importante tener en cuenta?
Enrique Peña Nieto |
El problema es que esto último no es
producto de la casualidad. Mucho de lo que acontece en el país de manera
cotidiana responde mucho más a las querellas y causas de personas y grupos
dedicados a la denuncia como instrumento político. Al mismo tiempo, mucho de
esto ha ocurrido y, de hecho, ha sido posible, porque el gobierno ha dejado un
inmenso vacío: es el gobierno el que ha creado el caldo de cultivo para la
desconfianza que abruma al país. Cuando en una sociedad caracterizada por
instituciones débiles el gobierno se descuida, rápido se convierte en la fuente
de todo mal y corrupción.
A falta de acción gubernamental, uno
tiene que remitirse a lo que existe, y eso es un vacío que ha sido llenado por
grupos, intereses y actores, algunos organizados y otros no, muchos de ellos
con agendas obvias. En ausencia del gobierno, la agenda la determina el
colectivo público que, en un país con instituciones tan disfuncionales y
manipulables, entraña el riesgo de descarrilarse. Que es precisamente lo que ha
estado ocurriendo.
¿En qué ha fallado o qué ha faltado en
la estrategia del gobierno?
La defensa gubernamental, expresada en
una entrevista en El País en diciembre pasado, es francamente patética: “no
vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos
interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia
en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida
sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las
instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. El país no
reclama bravuconadas sino liderazgo, claridad de miras y certidumbre. Tampoco
se trata de actos teatrales sino de, simplemente, alguien a cargo, eso que
comúnmente se llama “gobernar”.
“Arde Troya” habría dicho Homero, pero
el gobierno actual parece indiferente. Un país como EUA podrá navegar “de
muertito”, pero México no goza de ese privilegio porque la certidumbre depende
enteramente del gobernante en turno. En tanto el presidente no asuma ese
liderazgo, el país continuará a la deriva y el costo, como ocurrió en la
llamada “docena trágica”, lo acabará pagando el país y el gobierno actual. A
nadie le conviene tal desenlace.