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| Eduardo Holguín |
Es clásico en el sistema fiscal
mexicano que las empresas grandes pretendan omitir el cumplimiento de sus
obligaciones lo que logran en la mayorìa de los casos con impunidad y es por
eso que cuando alguna autoridad les para los pies, gritan como marrana atorada
que se les está haciendo objeto de terrorismo fiscal. Eso es lo que ocurre en Torreón con el caso de los
comercios que operan en el Aeropuerto. La columna Dragones de Eduardo Holguín que
se publica en Milenio Diario
Laguna, se ocupa hoy de ese tema.
Los
culebrones de Televisa se quedan cortos ante las narrativas en los medios de lo
que pasa en el Aeropuerto de Torreón como consecuencia de la clausura, por
parte de las autoridades municipales, de los locales de la terminal debido a
que el concesionario OMA no ha cumplido, desde hace 10 años, con el pago del
impuesto predial. Narrativas como: “Tengo sed”, dice un supuesto tipo que llega
de tierras lejanas, “pero no hay donde comprar nada, ni un refresco, todo está
clausurado, es escalofriante.”
Pero
mas “pancheras” y escalofriantes resultan las declaraciones de Eduardo
Castañeda, Presidente del CLIP: “Llega un inversionista, se baja del avión y ve
el espectáculo de que todo está clausurado, pues va a decir: ¿a qué autoridades
me vengo a enfrentar para hacer una inversión? Yo me daría media vuelta y me
devolvería en el mismo Avión”.
Pues,
perdóneme señor Presidente del CLIP, (representante de empresarios que
legítimamente, desde siempre, le han exigido a las autoridades la irrestricta
aplicación del Estado de Derecho y la ampliación de la base gravable) si yo
fuera inversionista y me explicaran lo que sucede en el aeropuerto lagunero
diría que el municipio hace lo correcto y cumple con el mandato de la sociedad
al requerir el pago de las obligaciones fiscales que tienen “todos” los que
residen y/o emprenden en la ciudad, incluyendo los que prestan servicios en el
recinto federal en referencia; llámese OMA o llámese locatario. Recordemos que
los dineros de la tesorería municipal son propiedad de los habitantes de
Torreón, y que las autoridades locales están obligadas a cobrarlos,
resguardarlos e invertirlos racionalmente.
Debemos
criticar a los gobiernos por el mal uso de los dineros públicos, por
corrupción, por prepotencia, por nepotismo (en muchas ocasiones lo hemos hecho
en la columna), pero no por ejercer la ley, por hacer respetar el Estado de
Derecho y menos cuando se trata de cobrar 64 millones de pesos por concepto de
impuesto predial. Dineros que pueden ser canalizados a múltiples obras
sociales.
Y
si a alguien hay que culpar de la escalofriante sed de un viajero en tránsito y
de la mala impresión que se llevan los inversionistas, es a la concesionaria
OMA y no a quien, repetimos, está obligado a recaudar los dineros de la
comunidad.
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