En su columna MENSAJE PERSONAL que se publica en LA OPINIÓN – MILENIO el ex alcalde de Torreón y Senador de la República GUILLERMO ANAYA LLAMAS escribe sobre los pendientes que tiene el gobernador de COAHUILA HUMBERTO MOREIRA VALDÉS en temas tan sensibles como la inseguridad pública, el secuestro y el desempleo que afectan a un elevado porcentaje de la sociedad.
El Gobierno del Estado y la Fiscalía no pueden tapar el sol
con un dedo, la inseguridad pública en la entidad es evidente.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que en Coahuila, delitos como el secuestro y la privación ilegal de la libertad, los homicidios y el robo, todos ellos del fuero común, se han incrementado en cifras de 100, 700 y hasta en un mil por ciento, datos comparados entre 2005 y 2010; incluso las estadísticas comparadas por el Sistema Nacional precisan que en el caso de los secuestros y privaciones ilegales, estos aumentos llegarías a índices escandalosos en nuestra entidad al llegar a incrementarse hasta en 1,300 por ciento, delito de alto impacto social que sin duda alguna habla de la omisión y desinterés de nuestras autoridades estatales por combatirlo.
Según los datos aportados por el SNSP, en Coahuila los asaltos bancarios aumentaron en este periodo en un 700 por ciento; robos en 100 por ciento, los robos a casa habitación en un 65%, homicidios en un 90%, mientras que los delitos patrimoniales sufrieron un incremento del 100%, estos aumentos en los índices delictivos del fuero común han sido reconocidos incluso por el Fiscal General del Estado, Jesús Torres Charles, quien para nada habla de la labor realizada por la dependencia a su cargo para siquiera frenar esta ola delictiva que en La Laguna de Coahuila ha hecho crisis afectando a los laguneros, quienes ante la apatía de la Fiscalía, han tomado en sus manos su seguridad y han implementado diversas acciones para garantizar la seguridad de su patrimonio y sus familias. Al respecto de las cifras delictivas, el Gobernador Humberto Moreira ha presentado oídos sordos, en el mejor de los casos, atribuye la inseguridad que azota a La Laguna y al Estado al dejo del Gobierno Federal, pero elude su responsabilidad en la atención y combate a la delincuencia del fuero común, pese a que en su campaña a la gubernatura sus ofrecimientos a los coahuilenses fue la SEGURIDAD Y EL EMPLEO, aspectos en los que quedará a deber puesto que ha anunciado su retiro del cargo en enero próximo en su afán de asumir la dirigencia nacional del PRI.
Ha sido tal de incompetencia de la Fiscalía General del Estado para combatir la incidencia de los secuestros y las privaciones ilegales de la libertad, que el denominado grupo “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila” se ha pronunciado porque el Congreso del Estado destituya a su titular, Jesús Torres Charles, por las graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado en la entidad y denuncian la desaparición de 104 personas reportados ante la Fiscalía, sin que a la fecha se tengan investigaciones serias para dar con su paradero, algunos de estos casos ya datan de tres años atrás; en estos casos en particular, ni el propio Gobernador Moreira ha atendido las demandas de los familiares de estas personas y una vez más da muestras de que no le interesa atender los problemas de inseguridad denunciados por los coahuilenses. El Gobierno del Estado y la Fiscalía no pueden tapar el sol con un dedo, la inseguridad pública que priva en la entidad es evidente y así lo muestran las estadísticas presentadas por el SNSP y lo mínimo que demanda la ciudadanía es que reconozcan su incompetencia para combatir y contener los delitos del fuero común y que como dijo en su tiempo Fernando Martí, si no pueden con el cargo que renuncien a él. Aunque en el caso del ejecutivo estatal ya se va sin cumplir con sus promesas de campaña.
Guillermo Anaya Llamas es Senador panista por Coahuila.
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