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José Luís Reyna. |
El
sostenimiento del gasto público gravita sobre los hombros de la clase media,
integrada por la mayoría de los habitantes de México y en donde se localiza el sector cautivo de los contribuyentes,
con la reforma hacendaria es a este sector al que se sigue castigando en vez de
diseñar una política fiscal para gravar a los que más tienen, señala José Luis
Reyna en una sus recientes entregas para la
sección Acentos de Grupo Milenio.
En
las semanas recientes se ha discutido, desde muchos ángulos, la reforma
financiera. Se ha dicho que la iniciativa vuelve a castigar al mismo sector
cautivo de contribuyentes, en vez de diseñar una política fiscal para gravar a
los que más tienen y, a la par de importante, ampliar la base de aquellos que
no tributan lo correspondiente: las grandes empresas y sus empresarios, así
como el número infinito de trabajadores “informales”. Se ha argumentado que el sector
más afectado es el de la clase media. Este segmento social, según muchos, es el
sostén de las finanzas del país. La clase alta, que incluye a las grandes
empresas, a sus dueños, socios y a una buena parte de los burócratas
gubernamentales, tributa menos, proporcionalmente, en comparación con esa clase
media. Este país no es mayoritariamente de clase media, pero fiscalmente es la
más castigada. En consecuencia, el recargo fiscal será más severo para este
segmento social, donde se encuentra la mayoría de los “cautivos”.
Una
reforma fiscal de fondo tendría que enfocar sus baterías a la “élite” de
nuestra sociedad que, en el peor de los casos, solo pagará 35 por ciento de sus
ingresos.

Revísese
cuánto pagan de impuestos las grandes empresas en comparación con un empleado
mediano: éste paga un impuesto mayor al fisco. La consolidación fiscal es una
figura ilustrativa de lo anterior. Este mecanismo, entre otros, ha sido uno de
los que ha contribuido, de manera significativa, a acentuar la desigualdad
social: en este país pocos ganan mucho y muchos ganan poco: la tributación es
un factor explicativo al respecto.
Pese
a los avances que haya habido en infraestructura (salud y lo que se quiera),
México sigue siendo un país mayoritariamente de clase baja (no todos los
miembros de ésta son pobres), de muy pocos ricos y de una incipiente clase
media heterogénea, por cierto que, numérica e independientemente del indicador
que se utilice, es minoritaria en comparación con la de Argentina, Uruguay o
Costa Rica.

En
contraste, México tiene 59.1 por ciento de la población clasificada como clase
baja: alrededor de 72 millones de personas, de las cuales 60 millones son
clasificados en algún tipo de pobreza: extrema, alimentaria, etcétera.
Lo
anterior sirve para fundamentar que el argumento político de que la reforma
fiscal es un agravio para la escasa clase media es cierto. La reforma fiscal
está impidiendo el ensanchamiento de este grupo social que es esencial para
impulsar el crecimiento económico. Por tanto sigue pendiente que haya una
reforma fiscal de fondo, pues al final de cuentas ésta no redistribuye el
ingreso, no aligera las cargas fiscales de los que ya pagan y, sobre todo,
sigue protegiendo a los que más tienen: los que ganan más de 3 millones al año
o 30 millones de dólares: da igual.
Para
compensar el problema se acudirá al déficit fiscal, a los gasolinazos, a
maquillar el precio del petróleo, como en los tiempos de Echeverría y López Portillo.
Este país sigue siendo pobre, de clase baja, con pocos ricos y una clase media
escuálida. Falta definir la política pública que logre una mayor equidad
social. Pasará, por lo que se ve, mucho tiempo.
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