Punto de quiebre

René Delgado
Ballesteros

René Delgado Ballesteros acucioso analista político que colabora en los diarios de Grupo Reforma, El Universal y El Siglo de Torreón anticipa que las reformas de la educación y las telecomunicaciones se aproximan a su punto de quiebre. El texto corresponde a la columna Sobreaviso que se publicó el pasado 13 de abril en los mencionados medios.

La reforma de la educación y de las telecomunicaciones se aproxima a su punto de quiebre, aquél donde su impulso original pierde fuerza ante a la resistencia que todo cambio supone y -en medio de la información y la contrainformación- brota la confusión acompañada de acciones tendientes a frenarla, pervertirla o sabotearla.

De la tersura y el deseo se pasa a lo rasposo y a la realidad concreta. En ese tránsito es donde se configuran o desfiguran las intenciones y, en este caso, donde el gobierno y los partidos se juegan no sólo el destino de las reformas sino también el propio.

A ese punto está por llegar la reforma de la educación y de las telecomunicaciones.

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En ese punto virtudes y vicios de la política afloran: fuerza, inteligencia y organización así como perversión, chantaje y provocación. En la confrontación juegan también los apoyos, las palancas e incluso los sucesos que, ajenos a la materia en juego, pueden distraer la atención y la energía políticas.

Ahí se mide la entereza y la doblez de las partes encontradas, la capacidad de negociar y de transar -que no es lo mismo-, la fuerza y el derecho, el arte de no perder la concentración aun cuando haya otros frentes abiertos, así como la posibilidad de reivindicar a la política, en la mejor de sus expresiones, como instrumento para encontrar solución a los problemas y las diferencias, sin renunciar a la necesidad de transformar una circunstancia y ensayar nuevos derroteros.

Hasta el significado de las palabras ponen en juego quienes resisten la reforma que afectará sus intereses, privilegios y prebendas. En ese juego de Humpty Dumpty, como lo aplicó Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, reformar es privatizar, regular es limitar, acotar es reprimir, evaluar es anular, nivelar el terreno de juego es inclinar la cancha, la participación del Estado es intervención...

En ese trastrocamiento del lenguaje, quienes resisten la reforma muy poco les importa cambiar su rol. Los presuntos revolucionarios visten ropas de conservadores y los grandes concesionarios visten el overol de demócratas obreros de las telecomunicaciones. Y sea en el arroyo de una autopista o en el enduelado de una oficina, los contrarreformistas exigen mantener las cosas como están, obedecer su necedad, canjear joyas por bisutería, revistiendo su interés de vivo deseo de dialogar.

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En el punto de quiebre, afectado por la confusión, los tontos útiles -¡y vaya que los hay!- brotan sin que nadie se los pida o, bien, aparecen para ofrecer sus servicios al precio de la recompensa que garantice su sobrevivencia, reacomodo, fama, fortuna, lucimiento o vanidad. No les importa mucho el patrón que los contrate, como derivar alguna ganancia.

Quienes temen verse prensados por las fuerzas encontradas buscan refugio de inmediato en aquella fuerza que los rescate sin importar si el precio es el de la frustración de la reforma. Quienes ven en la tensión oportunidad de mejorar su situación cotizan de inmediato su rol o, bien, le encuentran imperfecciones a la reforma para, bajo el disfraz de la mejora, recolocarse mejor en la escena, aunque esa escena corresponda a otro guión. Quienes ven en la crítica su vocación, se esmeran en ejercerla bajo la divisa de que lo suyo es eso y, si no encuentran la justificación, enderezan las baterías contra los reformistas asegurando, sin embargo, no estar en sí contra la reforma. Y, desde luego, brotan también quienes subastan su posición mostrando vacías las fundas de los bolsillos.

En el punto de quiebre de la reforma de educación y de las telecomunicaciones todo entra en juego.

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Idealmente toda propuesta de reforma debería partir de la convocatoria para tomar en cuenta todos los puntos de vista habidos y por haber, pero en los hechos reajustar una estructura donde, de un modo u otro, se han acomodado fuertes intereses exige arrojo por parte de quienes quieren emprenderla.

En ese flanco es por donde, quienes se verán afectados por la reforma, reclaman ser tomados en cuenta pese a que, en el despliegue de sus intereses y el ejercicio de sus privilegios, jamás tomaron en cuenta a la sociedad y al Estado. Después de practicar por años el monólogo, se dicen dispuestos a sostener un diálogo democrático que en el fondo reclama renunciar, suavizar o mediatizar la reforma en juego.

Lidiar con ese asunto, no es nada sencillo para los promotores de la reforma porque mantenerse firmes les supone aparecer como arbitrarios, doblarse como timoratos, entablar el diálogo a partir del ejercicio del chantaje como blandengues. Menudo talento y enorme inteligencia implica sostener la decisión y la instrumentación de la reforma, sin provocar su descarrilamiento. Sobre todo, cuando también surgen las voces pidiendo nada más usar la fuerza para someter las resistencias, confundiendo el arrojo político con el diestro manejo del tolete.

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La iniciativa política para emprender la reforma de la educación y de las telecomunicaciones así como el establecimiento de la agenda del debate han sido gallardete del gobierno y los partidos políticos pero, ahora, el magisterio de Guerrero lo disputa y avanza en el afán de arrebatarlo. Asombra que los promotores de la reforma no lo afirmen, reencarrilando el asunto educativo a su campo.

El involucramiento de fuerzas y organizaciones relacionadas con asuntos y problemas distintos al educativo abre al magisterio contrarreformista la posibilidad de transformar el asunto en juego en uno de carácter político y social. El hecho mismo de que el diálogo con ese sector del magisterio -que, por lo visto, es más próximo que disidente al del sindicato oficial- se entable en Gobernación y no en Educación advierte cómo se está asumiendo la contraofensiva. Y la ausencia de un proyecto de ley reglamentaria para reencarrilar la materia a debate opera en favor del magisterio y debilita la capacidad de iniciativa por parte del gobierno. Hoy, por lo pronto, el protagonista oficial en el problema es el secretario de Gobernación y no el de Educación.

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Ese desplazamiento del foco de atención de la reforma educativa puede, paradójicamente, terminar por rendirles dividendos a los zares de las telecomunicaciones. La materia educativa transformada en litigio político con tintes de conflicto social y ribetes de inestabilidad, como anillo al dedo les viene a quienes dominan el espacio de las telecomunicaciones. Cuidado. De dos reformas se podría hacer ninguna.

sobreaviso12@gmail.com