La triste realidad de Coahuila y de otras entidades del país, que no por ser mal de muchos es
consuelo, se trata de un reporte de Inés Santaeulalia que
publicó el periódico El
País y que tomamos de la página
de Internet del periódico Vanguardia
de Saltillo. Lo compartimos por considerarlo de interés para los lectores
de Hoy Acontecer de la Laguna.
Una
deuda de más 400.000 millones pesos deja a varios gobiernos locales al borde de
la bancarrota. El Senado y la Cámara de Diputados se enfrentan por la ley de
deuda.
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FUENTE:
EL PAÍS lunes, 22 de abril del 2013
México.-
Cuando el priísta Humberto Moreira llegó al poder en Coahuila en diciembre de
2005, el Estado tenía una deuda de unos 300 millones de pesos (24,4 millones de
dólares). Hoy los coahuilenses deben a los bancos más de 36.500 millones de
pesos (unos 3.000 millones de dólares). Mientras el Estado trata de sortear la
bancarrota, Moreira, cuyo gobierno llegó a solicitar créditos con documentación
falsa, pasa sus días estudiando una maestría en España. El caso se ha
convertido en paradigmático, pero está lejos de ser único en México. En
Jalisco, Tabasco, Chiapas o Michoacán, es decir, en cualquier punto cardinal y
sin importar los colores del gobierno, el crecimiento sin freno, la
discrecionalidad y las sospechas de corrupción del endeudamiento se han
convertido en una amenaza al futuro de esos Estados.
Las
deudas estatales crecieron en el último sexenio un 148% hasta superar los
400.000 millones de pesos (32.500 millones de dólares), según datos de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Solo 11 de los 32 Estados concentran
más del 70% de las obligaciones financieras estatales. Los expertos aseguran
que la estabilidad de las finanzas públicas del país no está en riesgo (las
deudas estatales suponen el 2,5% del Producto Interior Bruto), pero sí corre
peligro el desarrollo de los Estados que usan las partidas federales para
cumplir con sus obligaciones corrientes, como pagar los sueldos de los
funcionarios o la factura de la electricidad, en lugar de para invertir en
tejido productivo o servicios sociales.
Alrededor
de un 90% de los ingresos que reciben los Estados viene del Gobierno federal,
que es quien recauda los mayores impuestos (consumo y renta). Con la crisis de
2008 las participaciones y transferencias a los Estados disminuyeron,
reduciendo sus ingresos en aproximadamente un 30%. “La Federación incentivó que
cada uno se las arreglara como pudiera. Falló el mecanismo de solidaridad”,
dice el senador del PRD, Mario Delgado. Y “como pudieron” fue a través de
aumentar el endeudamiento.
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| Humberto Moreira Valdés |
El
doctor en Ciencia Política Guillermo Cejudo cree que como consecuencia unos
gobernadores diseñaron una “mala estrategia financiera y no planificaron cómo
iban a pagar” (en ocasiones comprometiendo las partidas federales de tres años)
y otros, como en el caso de Coahuila, cometieron actos “abiertamente ilegales”.
Los mecanismos de control y las auditorías para evitar los desmanes tampoco
funcionaron. Fallaron a nivel local, por inexistentes, y a nivel federal, que
en aras del derecho soberano de los Estados a endeudarse nunca puso objeciones
a las exorbitantes cifras.
El
exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, llegó al poder en 2006 con apenas 500
millones de pesos de deuda (40 millones de dólares) y hoy se sabe que el Estado
debe 10.135 millones de pesos (827 millones de dólares). Las alarmas por el
desfalco solo saltaron cuando la falta de fondos creó a finales de 2012 una
crisis hospitalaria sin precedentes. Cinco hospitales agotaron sus recursos y
tuvieron que anular intervenciones quirúrgicas o recurrir a donaciones para
alimentar a los pacientes. Mientras Granier, con un pie ya fuera del gobierno,
aseguraba que el problema “se estaba solucionando”, su familia mantenía a 160
personas de servicio y gastaba un millón de pesos mensuales con cargo al
erario, según reveló en enero el diario Reforma. Actualmente en Tabasco se
impone la austeridad, mientras el exgobernador que hundió su economía vive ajeno
a la crisis en Miami (EE UU)
El
director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan
Pardinas cree que la impunidad de la que se aprovechan quienes ahogaron a sus
Estados es el mayor problema. “Uno de los primeros retos como país para
mantener la estabilidad financiera es combatir la impunidad. Hay una
disfuncionalidad del sistema de justicia que permite que sucedan cosas como
esta sin que haya consecuencias para los gobernadores”, explica. En el reparto
de culpas los expertos coinciden en que, más allá de las corruptelas de algunos
gobernadores, falló el mecanismo de control y los tres niveles de gobierno.
Guillermo Cejudo cree que se trata de un “problema político asociado a un
déficit serio en materia de rendición de cuentas”.
Un
proyecto sobre deudas estatales aprobado por el Senado esta semana incluye la
prohibición de destinar la deuda a gasto corriente, la obligación de invertirla
en gasto productivo y el impedimento de solicitar deuda en los último tres
meses de gestión de un gobernante, como pasó en el caso de Tabasco y en el
Estado de Chiapas, cuyo exgobernador Juan Sabines aumentó la deuda durante su
mandato en un 5.000%.
En
México, salvo el Distrito Federal, los otros 31 Estados son soberanos y pueden
solicitar tanta deuda como autoricen sus respectivos congresos locales. La
reforma del Senado no toca esa soberanía, al no incluir un techo de deuda, pero
sí obliga a que la petición de deuda sea aprobada por dos tercios del
respectivo congreso, en lugar de por mayoría simple como hasta ahora, lo que en
teoría hará más difícil el trámite, que supondrá ahora negociar el aval con
parte de la oposición. Sin embargo, congresos multipartidistas como el de
Jalisco, donde las deudas crecen desaforadamente con la aprobación de todos los
partidos, han demostrado que esa medida por sí solo no es una garantía.
Hay
expertos que consideran que el proyecto aprobado en el Senado no es suficiente.
Pardinas, que fue consultado por la cámara para la elaboración de la reforma,
cree que si no se toca el tema de la impunidad la ley se quedará corta. Para el
senador Delgado, que rompió la disciplina de partido (PRD) al votar en contra
de la reforma, el texto no ataja el problema de la “transparencia”. “La
realidad es que nadie conoce el monto de total de la deuda con datos. Tampoco
los senadores que votaron a favor de la reforma”.
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