La piedra de los sacrificios

René Delgado Ballesteros

La cruzada contra el hambre que el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregó para su ejecución a Rosario Robles Berlanga puso en riesgo el Pacto por México al que se comprometieron las principales fuerzas políticas del país, del tema se ocupa en su columna Sobreaviso el experimentado periodista René Delgado Ballesteros, quién semanalmente colabora en El Universal, los diarios de Grupo Reforma y en El Siglo de Torreón.

Cuando la oposición firmó el Pacto por México, sin duda tenía absoluta claridad de con quiénes se sentaba a estampar su rúbrica así como también de la fragilidad de la mesa -la plataforma- donde apoyaba el documento, la tensa atmósfera político-social en que lo hacía y lo delicado que resultaría no abrir a consulta sus decisiones. Lo mismo sabían el gobierno y su partido.

Hoy, el Pacto se ve amenazado por las resistencias con tintes insurreccionales que se manifiestan en Guerrero, Michoacán y Oaxaca así como por la compra y la coacción del voto en Veracruz, uso y costumbre que por turno en el poder practican los partidos.

Por eso no cabe ahora sorprenderse por lo que está ocurriendo. La oposición no puede rasgarse las vestiduras como si fuera Caperucita frente al lobo, ni el gobierno y su partido disfrazarse de abuelita, hacerse de la vista gorda o pretender que, cuanto ocurre, son simples resbalones en pavimento pulido.

Más allá de los buenos propósitos, partidos y gobierno tienen que asumir que al Pacto le falta una piedra: la piedra de los sacrificios.

Sin ser producto de la casualidad, el Pacto resultó de una circunstancia bien entendida por la oposición, el gobierno y su partido. Un momento de debilidad que, curiosamente, podían convertir en uno de fortaleza.

La dirección de Acción Nacional requería consolidarse frente a la tentación calderonista de prevalecer al menos en el partido y, por lo mismo, la interlocución con el gobierno, acompañada con acciones fuertes, la fortalecía. La dirección del Partido de la Revolución Democrática se veía tan liberada como debilitada por la decisión de Andrés Manuel López Obrador de salir de las filas de ese partido y, entonces, cobijarse en el Pacto nada mal le venía.

Rosario Robles Berlanga

A su vez, el gobierno y el partido tricolor requerían legitimarse en el poder así como mandar una señal: el retorno al poder no significaba el retorno al pasado, sino al presente y al futuro. Hicieron, entonces, válido el principio de que lo que resiste apoya y sumaron a la oposición, sobre la base de incorporar sus demandas, al acuerdo supuesto en el Pacto. Supieron verlo.

Aunado a ello, partidos y gobierno se veían frente a un problema de sobrevivencia: el asedio de los poderes fácticos, gremiales o patronales, los tenía contra la pared o como rehenes. Los grandes intereses les disputaban el poder y, bajo la seducción del abrazo, los asfixiaban.

Gobierno y partido de la debilidad hicieron fortaleza, pero ignorando algo fundamental: una détente o distensión política entre sí que, por un lado, diera viabilidad al Pacto, impidiera conductas y acciones por parte de los involucrados que atentaran contra el Pacto y contra ellos mismos y, algo no menos importante, asumir en conjunto y a plenitud las acciones a emprender contra los sectores o intereses, allegados a ellos o no, que resistieran sus decisiones. Eludieron acordar los sacrificios.

Entre los acuerdos implícitos en el Pacto, hay cuatro importantes en extremo y en los cuales tienen que reparar los partidos y el gobierno: dos de índole conceptual y dos de índole práctica.

Uno. Acordar reformas es eso, es innovar o mejorar algo preexistente. La oposición debe tener claro que resolvió ajustar algo, no cambiarlo a fondo. La reforma no supone un cambio de modelo y conviene decirlo para que después no vengan los reclamos de insuficiencia o limitación de lo hecho. Y reformar, por lo mismo, supone también renunciar a la ruptura. Emprender reformas con éxito en un régimen presidencialista, por fuerza beneficia a quien encabeza ese régimen. Asombrarse de los beneficios que recaen en el Presidente es una inocentada. El problema es que el régimen presidencialista no da más de sí.

Dos. Acordar a nivel de cúpulas sin someter a consulta las decisiones, supone una buena dosis de autoritarismo. Autoritarismo hacia las propias estructuras que sostienen a los dirigentes gubernamentales o partidistas y autoritarismo hacia los intereses o sectores afectados. Se acordó eso y eso implica ejercer autoridad, que no es sinónimo de reprimir.

Tres. Acordar reformas sin consultar a los intereses afectados exige hacer abstracción de la cercanía o simpatía justamente con esos intereses y asumir que, según el caso, las fuerzas involucradas resultarán beneficiadas o perjudicadas por la acción a emprender para implementar lo acordado.

Cuatro. Pactar obliga a alinear y disciplinar en todos los niveles a quienes forman parte de las fuerzas o instancias políticas involucradas en el acuerdo. Alinear y disciplinar supone, a veces, prescindir, castigar o incluso sacrificar a quienes atentan contra lo pactado. Es escuchar, sin sentimentalismo, las palabras: adiós, hermano cruel.

Un Pacto como el suscrito implica eso.

La piedra de sacrificio de quienes vulneran o atentan contra el Pacto no puede ser otra que la de las instituciones, la ley y la política.

Si la incapacidad o la perversidad de gobernadores como Ángel Aguirre o Javier Duarte atentan de un modo u otro contra el Pacto, no va a ser con espaldarazos o reconvenciones como se les pueda alinear. Si funcionarios públicos, federales o estatales, desvían recursos oficiales a propósitos electorales, no va a ser con palmaditas o coscorroncitos como se repare el daño al bien superior. No es cosa de ver quién aguanta más, sino de apegarse con rigor al derecho.

No se puede ejercer la fuerza contra quienes bloquean las carreteras y dejar impunes a quienes bloquean la democracia o atentan contra el Pacto, desde oficinas y posiciones oficiales. No puede denunciarse el uso de recursos oficiales en beneficio electoral si, al final, la queja es nada más un problema de turno. Se destierran por completo esas prácticas sin importar la bandería de quienes las aplican, o se asume que la simulación es la filosofía de la conducta política.

Institucionalidad, legalidad y política son la piedra de los sacrificios donde el gobierno y los partidos deben colocar a los propios y a los ajenos que atentan contra el Pacto. Jugar a que en Palacio reina el civismo y la concordia, y fuera de ahí, el cinismo y la discordia es ponerle mecha a un problema, en vez de solucionarlo.

El Pacto supone sacrificios, desconocerlo es tanto como haber suscrito una carta suicida. Así como de la debilidad se puede derivar fortaleza, también de ésta se puede derivar debilidad. Debilitarse, ahora, sería lo peor que le podría pasar al gobierno y los partidos... y al país.

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