Refresqueras versus Congreso

Rodolfo Echeverría Ruiz.

A diferencia de la mayoría de los opinadores en medios escritos y electrónicos del país Rodolfo Echeverría Ruiz se encuentra empeñado en una singular batalla en contra de las trasnacionales dedicadas a la producción de aguas negras azucaradas y productos chatarra que nada tienen de alimenticio y que por lo mismo han convertido a un elevado porcentaje de connacionales en víctimas de esos flagelos a la salud que son la obesidad y la diabetes que en entidades como Coahuila constituyen las principales causas de mortalidad. Rodolfo Echeverría Ruiz es colaborador entre otros medios de El Universal y solo en el mencionado cotidiano se han seguido publicando sus colaboraciones relacionadas con los daños que causan los refrescos y alimentos con un alto contenido de azúcar. Los refrescos de cola y los alimentos chatarra son los principales responsables de obesidad, diabetes y demás padecimientos que llevan a la tumba a cientos de personas cada año, al grado de que la presente generación será la primera cuyos padres verán morir  y enterrarán a sus hijos.

¿Conseguirán las grandes transnacionales obligar a los diputados y a los senadores a dar marcha atrás en lo concerniente al impuesto con el que el Estado busca gravar, aunque sea mínimamente, a los refrescos y a otras bebidas superendulzadas? ¿Doblegarán a los legisladores?   

A la perniciosa comida chatarra también debe gravársele. El excesivo consumo de toda una infinita gama de pastelillos artificiales y frituras dañinas también incide de manera decisiva en la alarmante elevación en los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes entre los mexicanos. Aprovechen los legisladores esta oportunidad y aprueben otro impuesto especial, ahora destinado a tan nocivos productos comestibles.

La Secretaría de Salud ha confirmado que el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas derivadas del sobrepeso y de la obesidad  representa un gasto superior a  60 mil millones de pesos. Al aprobarse el impuesto, el fisco podría disponer de 23 mil millones cuya totalidad se destinaría a fortalecer los programas de salud en el combate a la obesidad y a la diabetes.  

La diabetes mató el año pasado alrededor  de 80 mil mexicanos. Más de 500 mil sufrieron graves enfermedades oftalmológicas. Y 64 mil padecieron del riñón por esa causa. La diabetes causó casi 100 mil ataques cardiacos. En nuestro país tenemos 11 millones de diabéticos. Hacia 2030 la cifra ascenderá a 17 millones.  

Las compañías productoras de chatarras líquidas y sólidas se han extralimitado en los recursos empleados -iba a decir en las flagrantes mentiras difundidas costosa y profusamente-  en su tan vano como desmesurado intento de defender lo indefendible ante una opinión pública innegable y ante unos consumidores desprotegidos.

Amenazadores, han llegado los empresarios a declarar que, con la aplicación del nuevo impuesto, disminuirá hasta 40% la venta de refrescos en los pequeños comercios y que, ante un hipotético aumento en el precio de esas bebidas, el impacto más  fuerte  lo sufrirá el consumidor. 

Y, no contentas con ello, las embotelladoras pretenden asustar –y azuzar- a los trabajadores de los ingenios y a los campesinos cañeros al difundir que el impuesto a las aguas superendulzadas reduciría 50% los precios del azúcar y los de la caña. ¿Desde cuándo los patrones defienden a los obreros? 

Crece y se difunde entre los legisladores federales la triste especie según la cual las autoridades hacendarias, promotoras originales del proyecto de impuesto destinado a gravar a las bebidas superazucaradas, estarían dispuestas a rectificar y a "perdonar" a esas multimillonarias empresas.   

El diputado del PAN, Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Comisión de Economía  -y quien hasta el año pasado fungió como cabeza del Consejo Coordinador Empresarial-  es una de las personas que con mayor insistencia se ha manifestado en contra de la posibilidad del establecimiento del impuesto. Sin embargo, cientos de diputados miembros de otros partidos distintos al suyo opinan lo contrario. Lo han dejado solo. El PAN y la cúpula de los empresarios se han aliado contra el impuesto especial a los refrescos. La derecha política protege a la derecha económica. 

El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera ha sostenido: “El impuesto a los refrescos resulta muy inequitativo”. Y, sin pestañear siquiera, el empresario se ha autoerigido en protector de los pobres: “La población más afectada  con la entrada en vigor de ese impuesto será la de más escasos recursos”. Y remató con escalofriante mal gusto y  sin caérsele  la cara de vergüenza: “El refresco es históricamente una fuente de calorías baratas. Mucha gente que trabaja físicamente, como los albañiles,  se toma un refresco y le da calorías para seguir adelante…”   

En este, como en otros muchos temas, el Congreso de la Unión está obligado, desde los puntos de vista ético y político, jurídico y fiscal, a demostrar que en realidad legisla. El poder  público existe para ejercerse en forma legal y democrática, pero no está para ceder mayor terreno a las ya hace muchos decenios superpoderosas empresas de ese prescindible o, por lo menos, muy acotable ramo industrial.   

La nación reclama un parlamento dialogante, negociador, sí, pero de ningún modo  omiso en todo lo relativo a la salud de los mexicanos.  

Sería decepcionante para la inmensa mayoría de la población  --y atentaría contra la salud física de millones de mexicanos--  si los legisladores cedieran ante las presiones y ante los chantajes de los directivos y de los altos empleados de las compañías refresqueras, algunos de ellos expolíticos, carentes de sensibilidad social, resentidos, quienes, durante años y años, recibieron innumerables oportunidades y mercedes, tan inmerecidas como mal gestionadas. Hablo, también, acerca de sus publicistas gringoides, de sus cabilderos inescrupulosos, de sus abogados poco éticos… 

Los fabricantes de esos productos industrializados no han cejado ni cejarán en su ambiciosa pretensión. Esta consiste en incrementar -a sangre y fuego, pase lo que pase, tope donde tope-  sus mercantilistas ganancias estratosféricas producto del consumo masivo de tan dañinos líquidos. 

Seguirán oponiéndose -cada día con menos razones y con mayor virulencia- al esfuerzo gubernamental de gravar con un peso –algunos legisladores han propuesto dos pesos-  cada litro en la venta de esos tóxicos embotellados o enlatados. En  el  colmo  de  la  inverecundia,  el  director  de Coca Cola en México ha calificado a ese impuesto como  “discriminatorio y arbitrario”. 

Sería, ya digo, atroz y vergonzoso que el legislativo capitulara ante el ilegítimo poder político  -fáctico y mediático-  de esas compañías gigantescas cuyos capitanes nacionales y extranjeros impugnan el impuesto. ¿Tienen esas empresas un poder mayor al emanado de las urnas, al del Estado en su conjunto?. 

¿Con qué cara miraría el Estado -después de su capitulación o de su derrota a manos de los chantajes empresariales-  a los millones de mexicanos obesos y diabéticos?. Los enfermos ya no recibirían atención médica especializada en ninguno de los establecimientos del  hoy ya insuficiente sector salud. 

¿Es mentira todo lo que han declarado y  escrito los secretarios de hacienda y de salud, de educación, de economía y de  desarrollo social,  acerca de la ya desbordada epidemia de obesidad y de diabetes cuya virulencia asuela al país y condena a una muerte prematura a millones de enfermos?. Entre ellos, en su inmensa mayoría niñas y niños, adolescentes y jóvenes de hoy, morirán, inexorablemente, mucho antes que sus padres. 

¿Y dónde quedarán las investigaciones y los trabajos, los estudios y los análisis elaborados por instituciones dotadas de la más alta respetabilidad y solvencia académica y profesional como la UNAM; la Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU); el Instituto Nacional de Salud Pública; la UAM; la Universidad Veracruzana; el Colegio de México; el INEGI; el IPN; la Academia Nacional de Medicina; la Academia Mexicana de Pediatría; la Academia Mexicana de Cirugía y todo un catálogo de los más prestigiados gastroenterólogos y endocrinólogos; oftalmólogos y odontólogos; histólogos y nutriólogos; cardiólogos, nefrólogos y cancerólogos, siquiatras, sicoanalistas y sicólogos cuyos trabajos profesionales y académicos describen y evalúan las epidemias de obesidad y de diabetes y proscriben a sus pacientes la ingesta de todo género de chatarras sólidas y liquidas como los refrescos saturados de azúcares?. 

Si el impuesto entrara en vigor ¿se irían de nuestro país las empresas refresqueras?. ¿Renunciarían la Coca Cola y la Pepsi Cola a su  inmenso mercado mexicano, el más lucrativo en el mundo?. El consumo de refrescos es habitual en 80% de los mexicanos: esas empresas no abandonarían jamás uno de sus gigantescos negocios existentes en nuestro atribulado mundo global.

Lo sabemos: con y sin ese impuesto crecerá de  todas   maneras –tal vez a un ritmo un poco menor- el consumo de refrescos, pero el gobierno dispondrá de mayores recursos para destinarlos a la atención de los millones de mexicanos obesos y diabéticos. La obesidad y el sobrepeso afectan ya a 70%. 

El artículo 24 bis de la recién reformada Ley General de Educación obliga a la secretaría del ramo y a la de salud a elaborar los lineamientos administrativos destinados a prohibir la venta de productos chatarra en las escuelas. 

Si alguno de los empresarios refresqueros o alguno de sus seres queridos o cualquiera de los defensores de esas  bebidas   padeciera –y nadie lo desea, por supuesto- problemas de salud derivados del sobrepeso, la diabetes y la obesidad  ¿insistirían en oponerse al impuesto?. ¿Intensificarían las compañías su mendaz cruzada acerca del hipotético carácter inofensivo de esas chatarras líquidas?. ¿Beberían ellos mismos esas aguas negras azucaradas?. ¿Recomendarían a sus parientes enfermos  la ingestión de refrescos y de otras chatarras?.   

En mayo de 2010 EL UNIVERSAL editorializó: “Cuesta al país miles de millones de pesos atender las enfermedades derivadas de la obesidad como la diabetes y la hipertensión. México es número uno en obesidad infantil a escala mundial merced al ambiente ‘obsigénico’ en que se desarrollan los niños: la publicidad dirigida a menores, la falta de educación nutricional, la prevalencia de comida y bebida chatarra…” 

En promedio, cada mexicano bebe al año 163 litros  (en EUA, y ya es decir, el consumo es 40% menor) de esos líquidos cuya acción letal en el cuerpo humano conduce a esas y a otras muchas enfermedades y padecimientos atendidos por el Estado en sus atiborrados y poco numerosos establecimientos de salud. 

Como resulta evidente, vivimos una catástrofe. La obesidad y la diabetes se multiplican de manera galopante en México.

La aprobación de esa necesaria medida fiscal honraría a los representantes populares.  Significaría un avance –aunque fuera pequeño y modesto, como es-  en la titánica, desigual lucha contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes en México.  

Está  en  juego  la  respetabilidad  y  la credibilidad del Estado mexicano. ¿Claudicarán los diputados ante las presiones y ante las fingidas alarmas de las refresqueras y de los productores de comida chatarra?. ¿Son esos negocios mercantiles más poderosos que la  soberana institución legislativa de la república?.