Rodolfo Echeverría Ruiz. |
¿Doblará
las manos el gobierno? ¿Capitulará? ¿Dará marcha atrás en lo relativo al
próximo impuesto destinado a gravar las bebidas endulzadas de manera
industrial?
Los
fabricantes de refrescos azucarados han recurrido y recurren, mediante
retadores desplantes, a toda una gama de argumentos falsos a propósito de
su tentativa encaminada a vencer al
poder público, humillarlo y constreñir a sus titulares a rectificar en una idea
fundamental relativa a la salud de los mexicanos.
Monsi en Milenio Diario Laguna. |
Argumentan
–si a esa retahíla de mentiras deliberadas pudiera llamársele argumentación--
que las aguas artificialmente edulcoradas son “indispensables para la vida”
(sic), porque los refrescos “hidratan y aportan energía” (sic). Por lo tanto,
su consumo produce “bienestar y sustentabilidad” (sic), dentro de un marco de
“responsabilidad social” (sic), atribuible a las multimillonarias compañías
fabricantes de todo género de chatarras líquidas hiperazucaradas. ¿Alguien, dotado de
información mínima en la materia, sería tan ingenuo de creerles?
Esa
campaña, puramente mercantil, desprecia y contradice las recomendaciones y las
propuestas, las reflexiones y las fundadas denuncias esparcidas por
innumerables, rigurosos trabajos profesionales elaborados por médicos
especialistas, investigadores y científicos, historiadores de la medicina y
expertos nutriólogos, endocrinólogos y sociólogos agrupados en instituciones
tan respetadas como la UNAM, la Secretaría de Salud, el Instituto Politécnico
Nacional, la Academia Nacional de
Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Academia Mexicana de
Pediatría, la Academia Mexicana de Cirugía, el Instituto Nacional del
Consumidor…
Los
recursos fiscales destinados a la atención de los millones de mexicanos
enfermos de obesidad y de diabetes han llegado a su límite y, muy pronto, el
presupuesto será insuficiente para atender a esa población. El consumo de
refrescos azucarados registra una tendencia ascendente, para desgracia de la
salud de los mexicanos.
Su
ingestión se ha incrementado en más del doble durante los últimos años. De modo
principal eso es evidente en el caso de los niños y en el de los adolescentes.
Y en el relativo a los adultos se ha
triplicado. Ante esa trágica realidad, las empresas productoras de esas
chatarras liquidas se atacan de risa sarcástica y se frotan las codiciosas
manos…
Estamos
ante una de las más destructivas calamidades nacionales en materia de salud. En
la población más joven, el consumo diario pasó de 100 a 225 kilocalorías
durante los últimos cinco años. Y, en lo referente a los mexicanos de edades
mayores, pasó de 81 a 250. Tan aterradores datos nos hicieron y nos han hecho
titulares del vergonzoso primer lugar en el mundo en materia de sobrepeso
y de obesidad.
La
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) no ha sido
capaz de meter en cintura a las empresas productoras, distribuidoras y
vendedoras de esas tóxicas aguas negras. Analícese la costosísima y mendaz
publicidad que hacen a los refrescos embotellados y se advertirá con cuánta
desfachatez faltan a la verdad al lanzarse las empresas a difundir su apología
del consumo masivo de esos venenos azucarados.
Víctimas
de tales engaños, los desprevenidos consumidores suelen asociar la deglución de
refrescos de cola con un fingido culto
al medio ambiente y al deporte, a las montañas y a los lagos, a los ríos y a
los mares… ¡Ofende a la inteligencia humana el impudor con el que pretenden las
empresas defender el supuesto carácter inocuo de la venta y el consumo de tan
nocivos líquidos!
Lo
grave no es el ofensivo cinismo empresarial sino la ineptitud -iba a escribir
complicidad- de unas autoridades situadas al margen del problema cuyo impacto
demoledor causa todos los días estragos inmensos en la salud de nuestra
población. ¿Dónde está la PROFECO?
Los
legisladores y las autoridades hacendarias deberán actuar de manera coordinada
hasta conseguirlo: el impuesto al consumo de refrescos será, sin duda, una
benéfica decisión protectora de los intereses de la sociedad. Aplicados con
acierto, los dineros recaudados se destinarán para atender sin dilaciones a la
creciente población obesa y diabética.
El
poder público no debe capitular --ni un milímetro siquiera-- en todo lo concerniente al impulso,
aprobación y entrada en vigor de ese impuesto esencial, encaminado al
mejoramiento de la salud de los mexicanos. La salud no se negocia.
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