Hace unos días el periódico Vanguardia de
Saltillo publicó el presente editorial en el
que comenta que si bien el congreso local dotó de 'dientes' a la Auditoría
Superior del Estado
para que esté en condiciones de cumplir con sus funciones, la entidad a cargo
de Armando Plata Sandoval tiene
más bien como su especialidad la pirotecnia verbal y rara vez cumple con su
obligación de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos.
El Poder
Legislativo de Coahuila dotó ayer a la Auditoría Superior del Estado de nuevas
facultades a fin de que, además de vigilar el ejercicio del gasto público en la
entidad, pueda sancionar a los funcionarios que incumplan con sus
responsabilidades, a juicio de la propia institución.
En teoría, las nuevas
facultades con las cuales ha sido dotado el órgano fiscalizador servirán para
que el ejercicio de rendición de cuentas -y la posibilidad de sanciones- ayuden a mejorar la eficiencia y honestidad
con las cuales se gastan los recursos colectivos.
Resulta
imprescindible subrayar el término “en teoría”, porque la experiencia no ofrece
elementos para suponer -sin expresar serias dudas al respecto- que realmente
esa será la traducción que en la realidad tendrá el hecho de haber otorgado “dientes”
a la ASE.
En
efecto, la experiencia reciente indica que la
especialidad del organismo encabezado por Armando Plata Sandoval es más bien la
“pirotecnia verbal” y muy poco más.
Porque cada año
la ASE publica “escandalosos” informes del ejercicio del gasto público en
Coahuila,
realiza miles de observaciones y afirma que cientos de millones de pesos fueron
ejercidos en contravención a las normas que rigen la función pública, pero al final nada pasa.
Desde la
perspectiva de la Auditoría Superior, prácticamente nadie hace un trabajo
medianamente decente a la hora de ejercer el gasto público y todo mundo se
dedica a ignorar escandalosamente los lineamientos que en la materia se han
emitido.
También
son legión quienes incumplen con sus obligaciones elementales y omiten incluso
entregar los informes a cuya emisión están obligados, o los entregan fuera de
tiempo.
Nada
de eso, sin embargo, se ha traducido en acciones relevantes para sancionar,
inhabilitar e incluso llevar a la cárcel a individuos que, lejos de ser
castigados por sus excesos y omisiones, siguen ocupando lugares de privilegio
en la estructura burocrática.
¿Por qué? La
respuesta parece seguir siendo la misma desde que se inventaron los órganos de
control en el sector público: porque la fiscalización de los recursos
gubernamentales no es una herramienta al servicio de los ciudadanos sino uno
más de los mecanismos para garantizar lealtad política.
Desde
esta perspectiva, la rendición de cuentas sólo debe constituir una preocupación
para quienes no son “disciplinados”, para los disidentes, para quienes “no se
alinean”.
Nada -o muy
poco- hay en la conducta de la Auditoría Superior del Estado que se aleje de
este paradigma. Por eso mismo, nada hay en esta apuesta por “dotarla de
dientes” que nos convoque a ver con optimismo el futuro, es decir, a considerar
la posibilidad de que la rendición de cuentas se convierta efectivamente en un
instrumento al servicio de la sociedad.
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