La violencia y la desigualdad

José Luís Reyna

“La violencia no es un fenómeno nuevo. Se acentúa en los momentos de crisis que conducen también a la polarización social. Recuérdese que la delincuencia asociada con el narco florece con fruición en los 80: ahí está de ejemplo el nuevo mito llamado Caro Quintero, que de nueva cuenta es prófugo de la justicia. La reedición de El Chapo. Personas humildes cuyas aspiraciones están definidas por esa élite conspicua y consumista que el país tiene y que sobresalen por su ostentación.” Escribe en la sección Acentos de Milenio Diario Laguna el columnista José Luis Reyna.

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En una conferencia impartida en El Colegio de México (13/agosto), el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvo la tesis de que la violencia es una de las consecuencias de la desigualdad social. Más que la pobreza. El diagnóstico del titular de la PGR es preocupante, porque si se piensa en disminuir los niveles de violencia que prevalecen en el país es necesaria una embestida frontal contra la desigualdad. Por tanto, la tarea es de largo alcance: trascenderá sexenios.

No se necesita reiterar que si algo distingue a México es su brutal desigualdad. Desde siempre: pobre y desigual. De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso. El rediseño de la política fiscal es una necesidad urgente. Sin embargo, este país ha adoptado la costumbre de consentir a las grandes empresas, y sus respectivos empresarios, a los que se les conceden exenciones fiscales y acaban pagándole al fisco una tasa infinitamente menor que la de un asalariado promedio. Sin duda, un indicador más de la desigualdad reflejada por la extraña política fiscal de este país.

Jesús Murillo Karam

De acuerdo con los datos de la OCDE, la diferencia entre el extremo más rico y el más pobre de los 34 países que la conforman es de 9.5 veces. En Noruega la diferencia es de 6. En contraste, en México la brecha es de 28.5 veces (datos de 2010), lo que nos muestra cuán lejos estamos de alcanzar un nivel razonable de equidad. Al considerar la división entre campo y ciudad, los hogares en zonas urbanas tienen un promedio mensual de ingreso de 14 mil 200 pesos, mientras que aquellos ubicados en las zonas rurales no alcanzan los 7 mil pesos (INEGI, 2012).

Si se consideran los hogares, el 10 por ciento clasificado como el más rico percibe un ingreso de 44 mil 300 pesos, mientras que en el 10 por ciento de los hogares más pobres el monto es de 2 mil 332 pesos mensuales. La brecha, con base en estos datos del INEGI, es un poco menor a la estimada por la OCDE. Sin embargo, transparenta que el problema de la violencia (no necesariamente la vinculada con el narco), tal como fue señalado por el procurador Murillo Karam, llevará un largo tiempo para ser resuelto. Si se quiere hacer una interpretación de su tesis, la violencia y la desigualdad son las dos caras de la misma moneda y, en consecuencia, tienen que ser combatidas por igual, con la misma intensidad, con el mismo tesón: desafío complejo.

Un pobre puede verse involucrado en actos delictivos, aunque no necesariamente vinculados con la violencia: lucha por sobrevivir. Pero aquel que no es tan pobre, pero siente que las oportunidades de ascenso social son reducidas tiende a ser más propenso a delinquir: lucha por sobresalir. Hay razones, en consecuencia, para apoyar la tesis de que la desigualdad es un factor que contribuye a la violencia y, probablemente, aquella vinculada con la delincuencia organizada.

La violencia no es un fenómeno nuevo. Se acentúa en los momentos de crisis que conducen también a la polarización social. Recuérdese que la delincuencia asociada con el narco florece con fruición en los 80: ahí está de ejemplo el nuevo mito llamado Caro Quintero, que de nueva cuenta es prófugo de la justicia. La reedición de El Chapo. Personas humildes cuyas aspiraciones están definidas por esa élite conspicua y consumista que el país tiene y que sobresalen por su ostentación. Ésta es uno de los mejores acicates para inducir a delinquir en aras de disminuir la brecha que separa al pobre del que es inmensamente rico. Y Caro lo consiguió. En 1985, de acuerdo con algunos, poseía 500 millones de dólares.

El combate a la violencia se complica aún más porque no solo la desigualdad es un elemento que la estimula sino la debilidad de los sistemas de justicia y de información que el país tiene. La justicia está colgada de un hilo muy fino. La información de la que dispone el Estado (bancos de huellas dactilares, de ADN, de vehículos registrados, etcétera) es en extremo deficiente, por lo que difícilmente puede hacerse más de lo que hasta ahora se hace. De acuerdo con el procurador, la construcción de sistemas de información es una tarea impostergable.

Puede afirmarse que la tesis de Murillo Karam es válida en su intento de explicación de lo que acontece en México. Falta por definir con qué instrumentos se combatirá el binomio violencia-desigualdad, que se ha vuelto un azote nacional.