Gerardo Hernández. |
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Raúl Vera López |
La
madrugada del 29 de julio hubo un nuevo enfrentamiento en el Cereso de
Saltillo. La pelea dejó 26 heridos. El Obispo denunció irregularidades que
violan los derechos humanos de los internos y llamó a trabajar por su dignidad.
Es injusto que mientras “la burocracia mexicana se come nuestros impuestos en
lujos, bonos, en salarios exorbitantes y en robos”, como la megadeuda de
Coahuila, los reclusos carezcan de alimentación y servicio médico, advirtió.
En
la homilía del tercer día del novenario por el Santo Cristo, el premio Rafto
2010 y candidato al Premio Nobel de la Paz 2012 dijo que los presidiarios
afrontan también problemas por la atención indebida a sus procesos jurídicos.
Existen pruebas de que son torturados incluso antes de ingresar, asegura el Obispo.
“Al
llegar (…) les piden cuotas para la comida y se las venden, además les quitan
las que sus familiares les llevan. Algunos de los platillos que les sirven
están mal cocinados o incluso tienen insectos, pero si alguien se enferma, no
recibe tratamiento correspondiente”. Asimismo, critica la falta de información
a las familias de los detenidos, en caso de motines. Tampoco se respetan las
condiciones de trabajo de los internos.
Durante
las visitas conyugales, las mujeres reciben maltratos del personal del Centro
de Rehabilitación Social de Saltillo. El obispo pide a la Comisión de Derechos
Humanos de Coahuila, encargada a Xavier Díez de Urdanivia, involucrarse más en
estos temas y visitar el Cereso con mayor frecuencia. El ombudsman ya había
desechado la petición. Argumentó “falta de garantías”.
Por
su parte, la Casa del Migrante de Saltillo denunció que en el periodo
enero-junio de este año, la violencia contra emigrantes centroamericanas
aumentó desmesuradamente en México. La capital de Coahuila figura entre los
lugares más peligrosos. “El Estado siembra terror y obstaculiza el acceso a la
justicia de esta población”, denunció el albergue en un comunicado.
La
Casa del Migrante, cuyo guía es el sacerdote Pedro Pantoja, documentó desde
marzo los casos de dos mujeres, dos niñas, tres niños, un adolescente y 22
hombres sometidos a diversas y graves violaciones a sus derechos humanos,
incluida tortura y tratos crueles y degradantes por parte de la Policía
Preventiva, a cargo del mayor Clemente Yáñez Carrillo.
“La
asfixia, los choques eléctricos, la violación sexual y la violencia psicológica
son algunas de las muchas técnicas que la Policía Municipal de Saltillo emplea
para sembrar el terror y disfrazar su ineficacia ante una sociedad que exige
seguridad pero que también exige justicia”, advierte la Casa del Migrante.
Las
anomalías en los Ceresos y la violencia contra emigrantes constituyen bombas de
tiempo que es preciso desactivar antes de que ocurran sucesos indeseados.
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