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| Eduardo Olmos Castro. |
Al
finalizar el cuatrienio en diciembre próximo, el gobierno del alcalde de
Torreón, Eduardo Olmos Castro, habrá ejercido en total alrededor de siete mil
200 millones de pesos. Con esta ingente cantidad de recursos públicos ¿es
posible decir que hoy la situación de la ciudad y su población en general es
mejor que cuando comenzó la administración del priista? A decir de la mayoría,
no. Frente a esta realidad, cabe otra pregunta: ¿por qué?
De
acuerdo con el tercer reporte del Barómetro de Opinión Pública de México
Avanza, los torreonenses califican con un paupérrimo 3.4 sobre 10 la gestión de
su presidente municipal. Un presidente municipal que cuando anduvo buscando el
voto de los electores, y también una vez que lo obtuvo, aseguró que iba a
"rescatar Torreón" de la situación deplorable en la que lo dejó el
exalcalde panista José Ángel Pérez. Pero la promesa no sólo no se cumplió, sino
que el deterioro se ha acentuado.
La
principal función de los ayuntamientos es el mantenimiento y mejoramiento de
los servicios públicos. Pero la mayoría de ellos hoy están reprobados a los
ojos de los ciudadanos. Según el reporte de agosto del Barómetro, sólo el
servicio de limpieza, concesionado a una empresa privada, cuenta con una
calificación aprobatoria. Los demás no alcanzan el seis, siendo la seguridad
pública, con 3.8, el peor evaluado. Y no es para menos si consideramos que
durante la gestión de Eduardo Olmos, Torreón y su área metropolitana llegó a
ser considerada una de las zonas urbanas más violentas no sólo de México, sino
del mundo.
El
argumento común de las autoridades locales para explicar este fenómeno es que
la Policía municipal no estaba preparada para hacer frente al embate del crimen
organizado, problema que corresponde atacar al Gobierno federal. Según el
discurso oficial, la presencia de grupos del narcotráfico "distrajo"
a la corporación municipal de su función principal: la prevención del delito
común. Concediendo razón a este argumento, cabe cuestionar ¿por qué no previó
el Gobierno municipal este problema que venía manifestándose desde la
administración anterior? Y ¿qué pasó con los demás servicios: agua potable,
alumbrado, transporte e infraestructura urbana?
Una
explicación a lo anterior puede encontrarse en la distribución del gasto que
hace el ayuntamiento, que ha privilegiado la nómina sobre la inversión pública.
Por ejemplo, para este año se proyectaron 550 millones de pesos en el rubro de
servicios personales, es decir, un tercio del presupuesto anual total. Mientras
que para inversión pública el monto apenas alcanza los 248 millones, o sea, una
sexta parte del presupuesto de egresos. Y así ocurrió, más o menos, en años
anteriores.
Pero
más allá del monto, el gobierno municipal de Torreón, al igual que la mayoría
de los gobiernos locales, continúa ejerciendo a discreción y con escasa
transparencia los recursos para inversión pública. ¿Bajo qué criterios se
integran los proyectos de obra pública? ¿Cuál es el consenso que tiene cada una
de estas obras? ¿Cómo se mide el costo-beneficio? ¿Cómo y cuánto ha mejorado la
calidad de vida de los ciudadanos con esa inversión? ¿Dónde están los planes de
trabajo de cada dependencia del ayuntamiento? No se sabe.
En
el fondo, los gobiernos municipales continúan adoleciendo de una falta de
institucionalidad. Incapaces y sin voluntad de prever los problemas que aquejan
a la sociedad que dicen representar, actúan por lo general a destiempo y con
criterios sustentados en sus agendas partidistas.
Pero
no sólo se trata de un asunto de ausencia de visión y preparación de quienes
están en el poder, en teoría, más cercano a la gente. El problema es
estructural. Los municipios no tienen contrapesos y carecen, por ende, de un
buen sistema de rendición de cuentas.
Esta
situación ha quedado en evidencia con la controversia en torno al deficiente
desempeño de la Tesorería Municipal y los múltiples roces que han tenido
directores de área con la administradora de las finanzas locales. En días recientes
se ha ventilado en los medios de comunicación que la Auditoría Superior del
Estado ha promovido el inicio de un proceso de sanción en contra del tesorero
Pablo Chávez por incumplir con la entrega del avance de gestión financiera del
segundo trimestre. No es la primera vez que ocurre y no es el único caso de
incumplimiento del titular de la dependencia.
A
lo largo de la administración hemos sido testigos de los constantes retrasos en
el pago y entrega de recursos por parte de la Tesorería. Y hasta ahora, la
Contraloría Municipal, a cargo de Lauro Villarreal se ha mostrado ausente en el
cumplimiento de sus funciones, al igual que en otros casos de irregularidades
en las demás dependencias. No es de extrañar que esto suceda, puesto que la
Contraloría, la entidad reguladora de la función pública municipal, es un
organismo acotado y dependiente del alcalde, quien propone a su titular, que es
aprobado por el Cabildo, órgano legislativo y supervisor del ayuntamiento, en
el cual su partido tiene mayoría.
A
lo anterior hay que sumar que el presidente del Tribunal de Justicia Municipal
también es propuesto por el alcalde y aprobado por el mismo Cabildo. De esto se
deduce que todos los poderes del municipio están subordinados al grupo que
controla el ejecutivo. La representatividad ciudadana es nula, al igual que los
contrapesos.
Así,
es fácil que los gobiernos locales se subordinen a intereses ajenos a la
ciudadanía: de los gobernadores, el partido dominante, grupos de poder
económico, camarillas políticas rapaces e, incluso, la delincuencia organizada.
Bajo
esta óptica es posible entender el abandono que sufre la ciudad pese a los
siete mil 200 millones de pesos que tuvo en sus manos el ayuntamiento de
Eduardo Olmos, el cual, en vez de ser una autoridad aliada de la ciudadanía, se
convirtió en un lastre para sacar a Torreón del atolladero. En este sentido, no
es gratuito que, según el Barómetro, el 53 por ciento de la población recordará
a esta administración con el calificativo de "desfavorable".
Pero,
en el horizonte, ya se ve el despertar de la sociedad civil. Un nutrido grupo
de organizaciones comienza a irrumpir con el afán de mejorar la calidad de vida
de los que habitamos esta vapuleada región. Ojalá que estos esfuerzos, a la
postre, se traduzcan en la construcción de gobiernos locales más
representativos, institucionales y eficientes.
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