¿Quién Gobierna Torreón?

Rubén Moreira Valdés. Titiritero en el PRI.

Realmente ¿Quién gobierna Torreón? Es la pregunta que se formula, sin contestarla Arturo González González autor de la columna Periférico que se publica en El Siglo de Torreón que compartimos por considerarla de interés para los seguidores de Hoy Acontecer de la Laguna y como un intento de hacerlos reflexionar sobre la incapacidad del PAN y el PRI par gobernar, hecho que ha quedado demostrado en las diferentes ocasiones que obtuvieron la Presidencia Municipal de Torreón. Sostenemos el criterio de que llegó el momento de un cambio y que nos toca impulsarlo a los ciudadanos el próximo 7 de julio.

Guillermo Anaya: El
que domina al PAN

En la teoría, el municipio es la célula del Estado. Es la base del federalismo. Es la institución política con mayor injerencia en la vida ciudadana. La institución que, por su cercanía, mejor puede atender las necesidades del cuerpo cívico. En teoría, insisto; porque en la práctica no ocurre así.

Frente a la próxima renovación de las administraciones públicas locales, vale la pregunta: ¿quiénes gobiernan las ciudades?, ¿quién, por ejemplo, gobierna en Torreón?

La reflexión y la pregunta vienen a colación por una serie de hechos de los cuales hemos sido testigos los torreonenses en la actual administración. Hechos que van desde la retención de recursos hasta el endoso de obras y programas impulsados originalmente por el gobierno estatal, pasando por la demora en la ejecución y terminación de proyectos, así como la exclusión en la toma de decisiones de acciones que afectan a los municipios.

Raúl Sifuentes
Guerrero. ¿La esperanza
ciudadana?

Repaso algunos ejemplos. En 2010, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, anunció de forma unilateral la creación de un espacio público de grandes dimensiones en el lugar que ocupaba la Presidencia Municipal. El complejo, bautizado como Plaza Mayor, contemplaba la demolición de la antigua sede del Ayuntamiento, la remodelación de la plazuela Juárez, la creación de la Gran Plaza, la construcción de un nuevo edificio municipal y de un estacionamiento subterráneo.

La Plaza Mayor tuvo que ser terminada por la administración municipal, ya que a la estatal "se le acabaron" los recursos, además de que el Ayuntamiento se hizo cargo de la obra de un estacionamiento subterráneo que nadie usa, aunque es gratuito. La nueva Presidencia, única obra del complejo ejecutada por el Gobierno del Estado está inconclusa, a tres años de haber iniciado, con múltiples posposiciones en su fecha de conclusión. Mientras tanto, el Gobierno Municipal tiene que pagar por la renta de oficinas casi 500 mil pesos al mes. No obstante lo anterior, el ejecutivo estatal presume dichas obras cada que tiene oportunidad en su propaganda.

Lo mismo ocurre con otras obras que han quedado inconclusas, tales son los casos de la antigua carretera a San Pedro y el bulevar Senderos. Frente a estas demoras, nunca se ha escuchado la voz del alcalde Eduardo Olmos para demandar la culminación de estos proyectos, a pesar del impacto que tienen en la movilidad del sector nororiente de la ciudad.

Miguel Ángel Riquelme.
Ocuparía el lugar, como
marioneta, de Olmos.

Otra obra que presenta un considerable retraso es la del Hospital General, proyectado en un inicio como nosocomio de tercer nivel y que quedará en segundo. Debido a la demora y a la saturación del actual Hospital General, se contempla que el Hospital Municipal brinde algunos servicios que ya no pueden ser ofrecidos en el centro que administra el Gobierno del Estado.

También el ejecutivo estatal ha endosado al Ayuntamiento apoyos sociales, como el llamado programa alimentario, con el que se sustituyó en 2011 a la Tarjeta del Hogar que se entregaba a familias de escasos recursos y que, por falta de sustentabilidad, tuvo que ser suspendida. Pero lo que quizá golpea más al Ayuntamiento es la retención que aplica la administración estatal en recursos cuyo destino es el Municipio. Ahí está por ejemplo la cuota de conservación del Centro Histórico, que se cobra en el pago de derechos vehiculares, de la cual el propio administrador fiscal general del Estado, Ismael Ramos, dijo que no hay fecha de entrega ni monto de lo que podrá usarse con ese fin. En este caso también llama la atención el silencio del alcalde.

Ese silencio también ha sido evidente en la deuda que el Gobierno de Coahuila tiene con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento desde hace años. Se trata de 13 millones de pesos que se le deben al organismo operador por el consumo de agua en instituciones estatales como escuelas, oficinas y dependencias como el penal de Torreón.

Jesús de León Tello.
Tras él se encuentra
Guillermo Anaya.

A lo anterior hay que agregar el haber quitado al Municipio la facultad de expedir permisos para circular sin placas, medida que si bien abona al control vial, se aplicó de manera unilateral y sin medir el impacto que tendría en los ingresos locales. No conformes con el nivel de ninguneo hacia el Ayuntamiento, se ha privado desde el inicio a los alcaldes de la zona conurbada de La Laguna del derecho a voto en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, en donde se planean obras que impactan en la vida pública de las ciudades. Son los gobiernos de los estados quienes deciden cómo y qué se hace con los recursos federales que llegan a través del fondo metropolitano. Pero por si no quedara claro el nivel de subordinación a los intereses del Gobierno Estatal, recientemente se anunció que quien encabezará la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia Municipal será Jorge Hernández Guerra, quien este mismo año fue nombrado operador de imagen en la región del titular del ejecutivo coahuilense, Rubén Moreira. El contexto electoral explica en gran parte este cambio.

Aunque en el discurso oficial se niegue, la sumisión de los ayuntamientos a los intereses de los gobiernos estatales es una verdad a voces. La voluntad de quienes gobiernan las entidades federativas está por encima de la voluntad de quienes gobiernan los municipios. Los gobernadores actúan como jefes de facto de los alcaldes, sobre todo cuando son emanados del mismo partido.

Con las dificultades para ejercer un liderazgo, con las limitaciones en cuanto a la disponibilidad y gestión de recursos, con su escasa representatividad, los ayuntamientos están a la zaga de la estructura política del Estado.

Con todo lo dicho anteriormente, la pregunta a quienes aspiran a ser el próximo alcalde de Torreón es obligada: ¿quién va a gobernar los próximos cuatro años? ¿A qué le tiran los candidatos?

Dialoguemos en Twitter: @Artgonzaga

o por correo-e: argonzalez@elsiglodetorreon.com.mx

Inicio de Campaña

Durante la presente semana los habitantes de Torreón tuvimos la primera muestra de lo que serán las campañas sucias del proceso electoral que se realizará el próximo 7 de julio. El tema se comentó en la sección editorial de El Siglo de Torreón en un texto titulado como Nuestro Concepto y en donde se subrayó la falta de propuestas tanto del PAN como del PRI enmascarado por un membrete con las siglas PRC. Si esto es lo más que podemos esperar del PAN y el PRI si se concretan en gobierno, ninguna duda nos queda de que nuestra ciudad seguirá estancada, sin que los gobiernos federal y estatal permitan que por nuestros medios alcancemos el progreso y desarrollo.

  

Esta semana Torreón tuvo su primera “probada” de la batalla que librarán el PRI y el PAN por la Presidencia Municipal en las elecciones de julio, con una típica guerra sucia.

Anuncios espectaculares en los que el PAN aparenta “borrar” el logotipo de la administración de Eduardo Olmos fueron respondidos con imágenes que vinculan a los exalcaldes Guillermo Anaya y José Ángel Pérez con una banda de secuestradores que eran militantes panistas.

En este primer episodio de la batalla electoral, ningún partido hizo realmente una propuesta seria para los serios problemas que enfrenta la ciudad, sino que se dedicó al ataque simbólico y personalizado que es el sello de las campañas políticas sin contenido.

El PRI se mantuvo al margen, pues los espectaculares en respuesta al PAN fueron colocados por el Partido de la Revolución Coahuilense, un membrete recién formado por exmilitantes del PRD que consideran una alianza con el tricolor.

Sin embargo, el mensaje fue claro: Tras 15 años en los que el PRI y el PAN se han repartido el gobierno de Torreón, la competencia aún es por vero quién ha sido peor, no quién ofrece la mejor propuesta.

El mensaje en los anuncios del PAN es olvidar a la administración actual. El mensaje del PRI o sus aliados es que el PAN representa una alternativa peor si tiene ligas criminales.

Ambos partidos tienen responsabilidad en la situación actual de la ciudad. La crisis de seguridad se debe en parte a que siete años de administraciones panistas permitieron la infiltración criminal en la policía municipal. La sequía de inversiones se debe a que no realizaron proyectos serios de infraestructura y se dedicaron más a obras “de relumbrón”.

El PRI tiene también responsabilidad en la crisis de seguridad, al revelarse la infiltración de grupos criminales en el gobierno de Humberto Moreira, incipientes apenas los esfuerzos del nuevo gobierno. La administración de Eduardo Olmos enfrenta problemas financieros y de servicios públicos debido a que se pone más interés en la clientela política que en el bienestar ciudadano.

Tanto el PRI como el PAN ya fueron probados y conocidos por la ciudadanía de Torreón para ser gobierno local y las opiniones están divididas. La misma ciudadanía merece un debate de calidad y no una guerra sucia frente a la decisión que está a punto de tomar.