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27 de marzo de 2014

Funcionarios cometen seis de cada diez agresiones a periodistas

Juan Elizalde Lara
La Organización de las Naciones Unidas considera a México como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, lo que se confirma con el reporte de Artículo 19 dado a conocer el pasado 18 de marzo en el que se informa que de 330 casos documentados durante 2013 al menos 66 fueron cometidos por funcionarios de los distintos niveles de gobierno y que esas agresiones se concentraron en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. El trabajo de Juan Elizalde Lara se basó en el mencionado reporte de la organización defensora de los derechos humanos por lo que si quiere consultar de manera directa las fuentes puede hacerlo en los enlaces que se insertan al final de la entrada. 

Administraciones públicas como la de Coahuila donde la práctica diaria es la opacidad propician agresiones a los medios y sus trabajadores, esa tensión la generan los propios gobiernos cuando con declaraciones como la de Rubén Moreira, culpan a los medios de la percepción de inseguridad.
Lo anterior es tan cierto como que 66 de las 330 agresiones contra periodistas ocurridas durante 2013 se perpetraron en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León; y seis de cada diez las cometieron funcionarios de distintos niveles.
La situación de la prensa en México es tan grave, que la Organización de las Naciones Unidas considera a nuestro país como el más peligroso para el ejercicio del periodismo, ya que el año anterior ocurrieron más de 80 muertes de periodistas.
En 2013 las agresiones a periodistas tuvieron un incremento del 59% respecto del 2012, de los 330 casos documentados por la organización Artículo 19 el 60%  fueron perpetrados por funcionarios de distintos niveles de gobierno.
El problema de la violencia contra la prensa se concentra en los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz aunque en 2012 se agudizó en otras siete entidades: Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas.
Los casos documentados incluyen amenazas, actos de intimidación, detenciones arbitrarias, secuestros y los asesinatos de cuatro periodistas: Jaime González, Daniel Alejandro Martínez, Mario Chávez Jorge y Alberto López Bello.
Policías estatales y municipales fueron los autores materiales de 87 ataques. Otros 24 periodistas fueron detenidos ilegalmente por la policía mientras se preparaban a realizar su trabajo.
De los cuatro asesinatos de periodistas documentados, la comisión de tres se atribuyó a la delincuencia organizada y en uno no se identificó al o los responsables.
El aumento de las agresiones contra periodistas en el Distrito Federal lo relacionó Artículo 19 con la respuesta de las autoridades de la capital a las manifestaciones que se realizaron a lo largo del año, principalmente las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Las marchas degeneraron  en enfrentamientos entre policías y manifestantes en las que se atestiguaron detenciones de reporteros que realizaban la cobertura de las protestas en la calle.
En Coahuila se reporta la desaparición forzada de periodistas así como ataques a medios de comunicación entre otros Noticias de El Sol de la Laguna, Multimedios y El Siglo de Torreón, que han sufrido además el secuestro temporal de sus reporteros, delitos cometidos por presuntos miembros de la delincuencia organizada.
176 Recomendaciones Contra México
La difusión del reporte de Artículo 19 se dio mientras México prepara su respuesta a las recomendaciones emitidas en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, luego de que nuestro país fuera sometido al Examen Periódico Universal.
Son 176 recomendaciones en total y México debe responder  cuáles aceptará y cuáles no.
El problema fundamental en México es que nuestro país carece todavía de mecanismos legales para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos.
En cada ocasión que ocurre una nueva agresión a comunicadores la respuesta del gobierno es que se actuará hasta sus últimas consecuencias para castigar a los responsables, dedicación que se mantiene mientras el asunto está caliente, cuando el caso se enfría cesa la dedicación de las autoridades.
La situación de violencia que enfrentan los medios de comunicación afecta la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que los reporteros optan por limitar su trabajo y evitar las represalias.
“En ninguno de los casos documentados (durante 2013) los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al 100%. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones dejan de cubrir sucesos policíacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”.
En un intento por evitar represalias de la delincuencia contra los medios de Torreón y La Laguna, se ha optado por ocultar la identidad de los responsables de la nota roja y en ocasiones se dejan de mencionar asuntos que podrían ser causa de desapariciones, muertes y amenazas.
Hace unos días Artículo 19 reporto el allanamiento de la casa de Darío Ramírez, su director para México y Centroamérica, aunque no confirmó ni descartó que se tratara de una agresión por el trabajo de defensa de los derechos humanos. 

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