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25 de abril de 2015

Multas excesivas, violan derechos humanos

Jorge Alonso Guerra
Macías
Los temas que el abogado Jorge Alonso Guerra Macías comenta en las reuniones  con sus amigos de café se reflejan en la columna Todoterreno que los viernes publica Milenio Diario. La que les ofrecemos es la más reciente y se refiere a las violaciones a derechos humanos en que incurre el Ayuntamiento de Torreón al aplicar multas sobre quienes no atienden disposiciones administrativas.

Las faltas administrativas no son delitos. El artículo 21 Constitucional establece que “si el infractor de los reglamentos gubernativos (ACTUAL REGLAMENTO DE MOVILIDAD URBANA) y de policía fuere jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día”.
El nuevo reglamento de movilidad urbana que recientemente acaba de entrar en vigor, viola flagrantemente nuestra Carta Magna al estar aplicando cuantiosas multas (hasta de 120 salarios mínimos) a las personas que cometan alguna falta administrativa prohibida en dicho reglamento. El artículo 146 del reglamento contempla un recurso de inconformidad, “estableciendo un período de 5 días hábiles para demostrar su calidad de jornaleros, obreros, jubilados o pensionados, ante el titular de la Tesorería Municipal”. Es decir, primero pagas la multa y después te inconformas ante Tesorería. Dicho trámite se lleva entre dos a tres semanas o más, mismo que se realiza en horas hábiles, tiempo que el quejoso está laborando y solicitar permiso, le representa días sin trabajar. La valoración de la multa, y la condición de obrero, jornalero o trabajador, le corresponde al juez calificador, el cual debe tener la capacidad para determinar la situación económica del infractor. Aunado a que el artículo 1º Constitucional OBLIGA a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Pero tal parece que en Tribunales de Justicia Municipal de Torreón sucede todo lo contrario, pues “laboran” jueces calificadores como López Fierro, que lejos de velar por los derechos humanos los ignora, lesionando gravemente a obreros y jornaleros (personas con las que más se ensañan) imponiendo excesivas multas, aunado a no aplicarlas en la inmediatez, haciendo esperar largas horas a los detenidos, argumentando que está comiendo, no obstante tener minutos de haber entrado en turno. Por esta razón y muchas anomalías más en Tribunales Municipales, la Comisión de Derechos Humanos debería designar mínimo los fines de semana, personal que velen por los derechos sustantivos de los detenidos, y que se apliquen multas conforme a la Constitución y no con ánimo recaudatorio que prevalece actualmente. 

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