El PRD hizo bien en
disculparse pero evidentemente, en Guerrero, lo mismo que en Michoacán, el
crimen influyó en la definición de los candidatos, en el desenlace de la
elección y en la conducta de los funcionarios ya en el ejercicio del poder.
Los cuentos de hadas
son más que reales: no porque nos digan que los dragones existen, sino porque
nos dicen que los dragones pueden ser derrotados: G.K. Chesterton
Por Liébano Sáenz
En
la evolución del sistema electoral, mucho es lo que se ha conseguido para que
los procesos se lleven a cabo con regularidad y orden. El objetivo prioritario
era lograr comicios justos. Sin embargo, los incidentes en Michoacán, Guerrero,
Querétaro y Guanajuato indican que una amenaza mayor se ha incubado: la
interferencia del crimen organizado. La situación exige una respuesta frontal y
contundente.
En
el pasado no muy lejano, lo que inquietaba era que los grupos criminales
violentaran las elecciones; esto es que hubiera incidentes delictivos que
alteraran la normalidad de la jornada. En el mismo sentido, preocupaba que los
candidatos y los partidos pudieran hacer proselitismo territorial con plena
libertad y sin correr riesgos. En ambas situaciones, el balance de los últimos
15 años es positivo, casi siempre con una participación electoral
satisfactoria.
El
problema que se identifica ahora es distinto, aunque muchísimo más grave. Es
evidente que el poder que representa el dinero del crimen está penetrando en
las campañas locales. El objetivo es controlar los órganos de seguridad de
ayuntamientos y gobiernos estatales, imponiendo, en algunos casos, sus propios
personeros para hacer de las policías no un grupo infiltrado, sino algo
considerablemente peor. Como ha quedado de manifiesto en Iguala, Guerrero, y en
Michoacán, las autoridades se vuelven un brazo armado más al servicio del grupo
delictivo que domina la plaza. Preocupa particularmente el hecho de que los
vínculos se realicen con anticipación, cuando los criminales influyen en los
partidos para la selección de los candidatos a través del financiamiento. El
PRD hizo bien en disculparse pero evidentemente, en Guerrero, lo mismo que en
Michoacán, el crimen influyó en la definición de los candidatos, en el
desenlace de la elección y en la conducta de los funcionarios ya en el
ejercicio del poder.
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| Lorenzo Córdova |
Por
esta consideración, fue un acierto del presidente del Consejo General de INE, Lorenzo
Córdova, alertar, desde el primer día del proceso electoral de 2015, sobre la
interferencia del crimen en las elecciones. El llamado va dirigido
especialmente a las dirigencias de los partidos para que cuiden la selección de
candidatos y supervisen uno de los aspectos más delicados de la democracia aquí
y en todo el mundo: el origen de los recursos aplicados al financiamiento de
campañas y actividades partidarias. Aunque la ley establece reglas muy precisas
sobre este tema, es un hecho que su cumplimiento supone y exige un sentido de
responsabilidad de parte de las dirigencias de los partidos y los mismos
candidatos. La verdad es que es poco lo que las autoridades electorales pueden
hacer frente a la omisión, la negligencia, el disimulo o la venalidad que
pudiera darse al interior de los partidos.
El
llamado de atención adquiere la mayor importancia. Hay muchas elecciones
concurrentes en puerta; más de 60 por ciento de los ciudadanos votará en la
elección federal y en la local. Además, son numerosos los partidos necesitados
de buenos candidatos y recursos políticos, materiales y financieros: los
grandes por sus aspiraciones de ganar y los pequeños por el propósito de salvar
el umbral para mantener registro, 3% de los votos. En este contexto, se requiere
un acuerdo o pacto nacional que establezca un compromiso compartido para
mantener a raya esta grave amenaza que se cierne sobre la vida institucional y
sobre la política. Los delincuentes no tienen partido, simplemente buscan la
protección de quien detenta poder gubernamental y hasta parlamentario. Esta
circunstancia demanda la mayor atención de todos, incluso de los medios de
comunicación, ya que en territorios dominados por el crimen organizado, la
amenaza conlleva el silencio y, con ello, el escrutinio propio de la libertad
de expresión, elemento indispensable de la democracia.
Las
elecciones no solo deben ser contempladas en un sentido defensivo, pues también tienen un efecto correctivo. Es
indudable que las crisis de Michoacán y de Guerrero pueden superarse y
resolverse a través de la renovación democrática de los poderes públicos. Los
partidos y los candidatos tendrán que entender que antes que ganar elecciones
hay cosas más importantes que cuidar, como el sistema de competencia electoral
que permite la convivencia civilizada, empodera y da legitimidad a quien
gobierna y hace posible el imperio de la justicia. Ganar a toda costa es la
mayor debilidad de la democracia representativa.
Vigilar
las campañas y las elecciones no solo es cuestión de voluntad; se requiere
también que los actores políticos, especialmente las dirigencias nacionales de
los partidos, cuenten con los elementos necesarios para contener amenazas y
superar riesgos. Los partidos no son Ministerio Público ni agencia de
investigación, tampoco lo es el INE. Contener la participación de la
delincuencia organizada en la búsqueda de posiciones legitimadoras o de
protección no es una tarea sencilla, porque las acciones preventivas pueden dar
lugar a exclusiones injustas en la política y afectar derechos a partir de la
sospecha interesada o del error. De las autoridades —electorales y
gubernamentales— y de los partidos, se esperan las más elevadas cuotas de ética
pública, cuidado y responsabilidad social. La selección de candidatos no puede quedar
convertida en una subasta pública que ponga en manos del crimen organizado
nuestra joven democracia electoral.
La
atención eficaz a un problema empieza con su reconocimiento y continúa con el
entendimiento y la atención de las causas que lo provocan. La nueva premisa de
la competencia electoral implica construir un piso común de compromiso y
confianza para impedir que un grupo delincuencial prevalezca y obtenga
beneficios a costa de quienes actúan con seriedad y contención. El dinero
proveniente del crimen organizado es el principal problema. El nuevo régimen de
fiscalización aporta muchos elementos de colaboración con las autoridades
financieras y de auditoría. Es fundamental que todos aporten lo que les
corresponda para que opere un régimen de previsión y, en caso de sospecha
fundada, se emprendan investigaciones ejecutivas y oportunas. También será
necesario un régimen de sanción que trascienda el tema electoral.
Frente
a la mayor amenaza de la democracia mexicana, no solo se requieren nuevas
instituciones y reglas, también actitudes y compromiso de parte de los actores
fundamentales del proceso comicial. El próximo 2015 deberá ser un nuevo punto
de renovación de la ética social frente al pragmatismo territorial que empobrece
a cualquier democracia.
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