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| Gerardo Hernández González |
Ante la situación de
abandono en que nos tienen el gobierno federal y los estatales de Coahuila y Durango desde hace bastantes años
existe el anhelo de los laguneros de crear el Estado de La Laguna,
como un medio para lograr que las decisiones que nos afecten se tomen
precisamente en la región y no en Saltillo, Durango o el Distrito Federal. Del tema que
recurrentemente aparece y desaparece se ocupa en su columna Capitolio el compañero Gerardo Hernández González,
quién además de ser director del bisemanario Espacio 4 colabora en varios medios
electrónicos e impresos, entre otros Milenio
Diario Laguna, así como en los periódicos de Grupo Zócalo.
El proyecto del estado de La Laguna no solo ha adquirido
un impulso renovado, sino que ahora suma a actores con influencia y acceso
directo a los más altos círculos del poder. Otra novedad consiste en que los
grupos en favor del estado treinta y dos gestionan y obtienen apoyo dentro y
fuera de Coahuila y de Durango. Lo mismo en el Senado y en la Cámara de
Diputados que en legislaturas locales. En la parte jurídica, promueven la
reglamentación del artículo 73 constitucional que faculta al Congreso “para
admitir nuevos estados a la Unión Federal”.
La primera iniciativa para instaurar la entidad lagunera
—con trece municipios de Durango y seis de Coahuila— la presentó el diputado
Teodoro Altamirano Robles, de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico
de la Revolución Mexicana (PARM), el 23 de noviembre de 1990. Era el segundo
año de la presidencia de Carlos Salinas, quien impulsó el programa Nueva Laguna,
y el tercero del gobierno de Eliseo Mendoza. En esos momentos, la región estaba
todavía lejos de la crisis de inseguridad, desempleo y falta de inversión que
afronta desde el sexenio de Humberto Moreira.
Altamirano expuso en la tribuna legislativa, como primer
antecedente: “Los habitantes de la Comarca Lagunera se han dirigido al Congreso
de la Unión, por conducto de esta fracción parlamentaria, para solicitar la
erección de la entidad federativa número 33, con la denominación del estado
libre y soberano de La Laguna. Para ello, esgrimen razonamientos jurídicos,
económicos y políticos, mismos que, a nuestro juicio, son esenciales y
suficientes para la creación de la nueva entidad federativa”.
El diputado resumió los argumentos de su iniciativa en
seis incisos, el penúltimo de los cuales destacaba: “e) La potencialidad
económica y política la podemos probar mediante los informes que el Congreso de
la Unión solicite a las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito
Público, de Programación y Presupuesto, mismas que a través de las dependencias
de población, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
las delegaciones recaudadoras de Hacienda y de los presupuestos de egresos,
podrán constatar los requisitos de población, capacitación económica, social y
política para la creación del estado de referencia”.
Junto con Altamirano, la iniciativa la presentaron los
diputados Óscar Mauro Ramírez Ayala, Alberto Pérez Fontecha, Juan Jaime
Hernández, Vicente Luis Coca Álvarez, Marco Antonio Castellanos, Alberto Bernal
González, Humberto Esqueda Negrete y Manuel Estévez Nenninger. El PARM, cuyos
candidatos presidenciales fueron los mismos que el PRI postuló entre 1958 y
1982 (después apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas, al coahuilense Álvaro Pérez Treviño
y por último a Porfirio Muñoz Ledo), desapareció en 2000.
La siguiente iniciativa para erigir el estado de La
Laguna la presentó el diputado panista Carlos Bracho González, en la sesión del
8 de marzo de 2007, cuando Felipe Calderón no cumplía todavía cuatro meses en
la presidencia. Ninguna de las propuestas prosperó. Sin embargo, hoy existe un
nuevo ánimo regional para formarlo —con seis municipios de Coahuila y catorce
de Durango sumarían ya veinte— y la determinación de lograrlo con el apoyo de
grupos empresariales y políticos que no habían participado en el proyecto.
El mutis de los diputados
“Es la hora de las definiciones”, dice Carlos Augusto
Bracho González, autor de la iniciativa para fundar el estado de La Laguna que
él mismo presentó en el Congreso, como diputado, el 8 de marzo de 2007. Seis
años después, el tema se ha socializado en un contexto de violencia y
emigración de laguneros por falta de oportunidades que genera malestar. “Esto
no es una puntada”, es algo serio y asequible. Máxime ahora que se multiplican
los grupos de apoyo; incluso de empresarios con influencia nacional que antes
no participaban, advierte.
La demanda de instituir el estado treinta y dos, con una
veintena de municipios de Coahuila (seis) y Durango (catorce) “no es ningún
reclamo o enfado”, aclara, aunque “en muchos sí persiste el sentimiento de que
a La Laguna se le ha absorbido mucho y se le ha devuelto poco en muchos años.
El trato ha sido injusto porque ha producido bastante y no ha recibido la
reciprocidad que merece”.
Antes de sentarnos a platicar, empresarios expresan su
apoyo al promotor del estado de La Laguna, deploran el deterioro de la región,
lamentan la emigración de jóvenes y la intención que muchos tienen de hacerlo
por la inseguridad y la falta de empleo. También critican la deuda del estado,
la impunidad para quienes la contrataron y el desempeño de las autoridades
locales.
Ya en la charla, Bracho, que ha alternado la política con
la actividad empresarial, conjetura que el comportamiento hacia a la Comarca
puede responder a que ni Torreón ni Gómez Palacio son capitales. Sin embargo,
“somos una región fuerte”. Bracho atribuye la falta de apoyo del Congreso al
estado de La Laguna a que la mayoría de los diputados obedecen a sus patrones y
no a los ciudadanos. ¿Quiénes mandan realmente a los legisladores? Él mismo los
menciona: “gobernadores, alcaldes, sindicatos, senadores, funcionarios
federales”.
La “situación se da sobre todo entre los (diputados)
plurinominales que surgen de una lista donde alguien los puso; otros que se la
jugaron en su partido y obtuvieron esa posición. Normalmente hay muchos
diputados que obedecen a intereses, no de los ciudadanos, sino de grupos de
telecomunicaciones, refresqueros, agrícolas y de cualquier ámbito político o
económico. Están ahí, precisamente, para rechazar o bloquear determinadas
leyes”.
El ex diputado por el PAN confía en que la nueva oleada
por el estado de La Laguna corone una lucha iniciada hace décadas y que
devuelva a la Comarca su forma original. Destaca el papel de los jóvenes y de
personas mayores en el proyecto. “¿Cuál es el miedo? Estamos ya en un momento
en el que podemos expresar con más libertad nuestras ideas. Además, como lo
comentan los empresarios que nos encontramos: ‘Oye, ¿es permitido (el nuevo
estado)?’. O sea, dudaron. Claro que es permitido. La Constitución lo avala”.
Por otra parte, llama a los grandes empresarios a
recuperar el espíritu de los fundadores de La Laguna y a sumar relaciones y
esfuerzos para lograr el nuevo estado —“no serán los únicos, pero el papel de
ellos es más definitorio”—. Dice que el futuro del país está en el desarrollo
de las regiones, como sucede en Europa, y que el proyecto del estado treinta y
dos debe incorporarse a la agenda de los candidatos a alcaldes de Coahuila y de
Durango, que por primera vez celebrarán elecciones juntos el 7 de julio.
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